Por José Luis Bermejo
Profesor de Derecho Administrativo, Universidad de Zaragoza
A casi tres meses para acabar el año, el Departamento de Hacienda del Gobierno de Aragón ordenó el cierre presupuestario del ejercicio 2014, bloqueando el gasto autonómico –que no el ingreso-, suspendiendo pagos, haciendo “pufo”. A pesar de tener partidas presupuestarias contablemente disponibles, se impide el reconocimiento y pago de nuevas facturas a todos los contratistas y proveedores de la Administración autonómica y entes orbitales.
El adelanto del cierre no implica solo que no se practiquen nuevos encargos, ni tampoco que no se paguen los ya ejecutados, aun facturados pero no reconocidos. Lo peor del asunto es que repentinamente, de la noche al día 6 de octubre de 2014 y por una decisión administrativa contraria a los principios legales vigentes en materia presupuestaria, se dificulta también el cobro indirecto, ya que ni siquiera se reconocerán las facturas emitidas desde esa fecha, impidiéndose a los sufridos proveedores negociar su descuento con la banca. Salvo excepciones (nóminas y cotizaciones a la Seguridad Social, recetas farmacéuticas, prestaciones de la dependencia, intereses de la deuda, gastos de las líneas de transporte escolar, becas, las PAC, gasto corriente por prestaciones o servicios continuados, certificaciones de obra del mes de diciembre y gastos derivados de ejecución de sentencias del mismo mes), únicamente se pueden pagar gastos que ya estén autorizados y dispuestos con antelación al 6 de octubre, fecha del pufo.
Tradicionalmente, el cierre presupuestario se venía realizando en los meses de noviembre y diciembre, hasta la llegada de la todavía presente y persistente “crisis”. Esta trampa no es nueva (en 2010 se adelantó al 18 de octubre y en 2012 al 16), y gracias a los trabajos de las autoridades fiscalizadoras estatales, queda pronto desvelada y sancionada con la declaración de que lo ahorrado ficticiamente en el año de 9 meses engrosará el gasto del año siguiente, que pasa a tener 15.
Este adelanto del cierre contable, lejos de optimizar los ingresos y gastos y propender a la disciplina presupuestaria, se opone a los principios básicos de la presupuestación pública y supone un grave atentado a la legalidad y a la buena administración de los recursos públicos. Favorece una programación presupuestaria irreal al desconocer la realidad e intentar eludir las consecuencias que derivarían de un rebasamiento del umbral de déficit del 1% del PIB autonómico marcado por el Estado.
La decisión, aparentemente de técnica contable, incumple varios principios y reglas legales y podría estar viciada de “desviación de poder” tal y como la describen las leyes españolas de procedimiento y de justicia administrativa. Se incumple la “estabilidad presupuestaria”, pues refleja la inestabilidad de las cuentas públicas que son incapaces de equilibrar ingresos y gastos; la “sostenibilidad financiera”, al estirar ingresos (en la caja) y encoger gastos (sobre el papel); la “anualidad”; al impedir que el presupuesto se cumpla plenamente en el tiempo para el que está programado; la “transparencia”, dado lo súbito e inesperado del cierre contable y su velado propósito (limitar el gasto y evitar que Aragón vuelva a estar por segundo año consecutivo entre las autonomías incumplidoras); la “eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos”, por consentir y aun promover un sistema de gasto público ineficiente en lugar de erradicarlo; la “responsabilidad”, porque permite a la Administración autonómica ocultar y postergar el déficit, manteniendo la capacidad de ingreso pero soslayando la obligación de gasto; y la “lealtad institucional” porque pretende eludir, siquiera formalmente, la obligación legal estatal de no rebasar el objetivo de déficit fijado en el 1% “al final del ejercicio” (el objetivo de déficit se convierte en móvil, si no en la cifra, si en la referencia temporal para su evaluación).
Suspender la ejecución presupuestaria es algo más grave, o al menos algo equivalente, a no presupuestar o a hacerlo mal. Se trata de una innovación en la muy española serie de técnicas ensayadas para maquillar la bancarrota soberana, técnicas que incluyen suspender el pago de los intereses, reducir el tipo de los mismos, prolongar el plazo de amortización, devaluar la moneda. Pero la cosmética no tiene los mismos efectos que la cirugía. Y, cuando el mal se extiende, ocultarlo acaba siempre resultando peor que atajarlo.
