Por Eduardo Jiménez Marqués
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El asesinato, por parte de Luna, del Prelado de Zaragoza y la detención del hijo del Justicia, significa el despliegue de la violencia y que los bandos enfrentados, reclamasen la ayuda de sus valedores extranjeros, especialmente el «anjuvino» de Francia.
Este crimen fue decisivo para la marcha y resolución del proceso.
El Gobernador de Aragón, con excelentes lazos con Castilla, opto por aceptar tropas castellanas de auxilio, para poder mantener el reino en orden. De esta manera Fernando de Antequera tomaba posición. Los partidarios de Anjou no recibieron el apoyo de Francia y pasaron a apoyar al de Castilla
Los únicos que se mantenían, en su postura, eran los seguidores del Conde de Urgell D- Jaime de Urgell
Benedicto XIII, como papa oriundo de Aragón, pudo intervenir sin que los aragoneses vieran perturbación alguna en ello, por la admiración y el respeto filial que le tenían.
Ya en el parlamento aragonés que preparó la Concordia de Alcañiz y en el parlamento catalán de Tortosa, había puesto de manifiesto su pensamiento político y la filosofía de su planteamiento de la cuestión sucesoria, aconsejando que la solución definitiva debía confiarse a unas cuantas personas elegidas por sus cualidades morales y conocimientos legales y de gobierno.
Don Pedro de Luna fue el artífice del progresivo traslado de la via iustitiae a la via compromissi que se advierte en el proceso sucesorio, y, sobre todo, fue el principal valedor de la persona del infante castellano don Fernando de Trastámara, en quien veía un apoyo incondicional en el asunto del Cisma de Occidente. garantizándose la obediencia papal de Castilla y Aragón en unos momentos en que peligraba el pontificado aviñonés de Benedicto XIII.
Íntimamente ligada a la actuación del papa aragonés está la figura de San Vicente Ferrer, quien actuó como instrumento de sus planes, basándose en su autoridad moral y en la inclinación sentida hacia don Fernando, correspondida ampliamente, durante el Interregno.
Fray Vicente Ferrer tuvo, además, el honor de formar parte de los nueve «hombres justos» de Caspe, y de ser el encargado de proclamar y hacer pública la elección del nuevo rey, así como de comunicarla al interesado.
El santo valenciano vio siempre en don Fernando de Trastámara un colaborador eficaz de sus sermones contra los judíos de la Corona y un servidor incondicional de los intereses de Benedicto XIII, a quien obedeció sin miramientos hasta que Fernando I decretara la sustracción a la obediencia del papa Aragonés de Aviñón en 1416.
La Concordia de Alcañiz de febrero de 1412, regulaba en 28 capítulos el procedimiento a seguir en la elección del nuevo monarca. En ella se diputaba a catorce personalidades aragonesas para que proveyeran, investigaran y decidieran con plenos poderes, junto con los representantes de los condados, sobre la personalidad del candidato legalmente idóneo; deliberando, finalmente, que la negociación se remitiese a nueve miembros, seleccionados entre los más respetables, para que dialogaran y midieran los derechos de los aspirantes.
La respuesta definitiva debía darse en el plazo de dos meses, a contar desde el 29 de marzo, con la posibilidad de una única prórroga que, en todo caso, no debía sobrepasar el 29 de junio de aquel año; y el lugar de reunión debía ser la villa de Caspe, que se vería protegida de cualquier intento armado externo o interno.
Respecto a los nueve jueces, debían representar proporcionalmente a Aragón, Valencia y los Condados (Cataluña); trasfiriéndoles plenos poderes y amplias facultades para obrar en consecuencia, de manera que sirviera la decisión tomada como mínimo por seis de ellos, siempre que hubiese al menos uno de cada reino.
Los aragoneses que habían asumido la responsabilidad del parlamento aragonés -Berenguer de Bardaxí, el gobernador y el Justicia del reino- la tomaron también en la designación de los compromisarios, eclesiásticos o juristas todos ellos.
Por Aragón: Domingo Ram (obispo de Huesca), Francisco de Aranda (enviado de Benedicto XIII) y el inefable Berenguer de Bardaxí;
Por Valencia: Bonifacio y Vicente Ferrer y Giner Rabasa (sustituido luego por Pedro Bertrán);
Por los Condados (Cataluña): Pedro de Sagarriga (arzobispo de Tarragona), Guillén de Vallseca y Bernardo de Gualbes.
Nombres que fueron aceptados por los parlamentos de la Corona de Aragón sin apenas reparos.
Con ello la iniciativa aragonesa -respaldada por la autoridad espiritual de Benedicto XIII- se había impuesto sobre la indecisión de los condados, la división de los valencianos y la rebeldía de los conjurados en el paralelo Parlamento de Mequinenza, que intentaba apoyar al conde de Urgel e invalidar los demás parlamentos.
Los compromisarios se encerraron finalmente en concilio sucesorio el 17 de abril con absoluta reserva en sus deliberaciones, escuchando a los procuradores y abogados de los candidatos.
Tras una primera prórroga a partir del 28 de mayo, día en que expiraba el primer plazo estipulado en la Concordia de Alcañiz, el 24 de junio, reunidos los jueces en votación secreta, levantaron acta por triplicado.
Fernando de Castilla obtuvo seis de los nueve votos: los tres aragoneses, los dos valencianos de los hermanos Ferrer, y el catalán de Bernart Gualbes; al menos, pues, uno de cada uno de los tres reinos.
La sentencia de Caspe complació mucho en Aragón, menos en Valencia y escasamente en los Condados (Cataluña).
El día 28 de Junio de 1412, en la iglesia mayor de la villa, tras un solemne oficio religioso, San Vicente Ferrer leía públicamente el acta de la elección, culminando un episodio de la historia de Aragón que sirvió para introducir en la Corona una nueva dinastía en la persona de Fernando I de Trastámara, quien tuvo que resolver en primer lugar la violenta oposición del conde de Urgel y de sus seguidores, encabezados por el aragonés Antón de Luna que nunca aceptaron la resolución de Caspe.
