Liberalización del mercado eléctrico y despoblación


Por José Luis Cester

    En la factura eléctrica como ya hemos venido explicando hay tres grandes bloques que componen su coste: impuestos, pago por el uso de las redes eléctricas y la  energía que llega al punto de consumo. Éste último es el que es susceptible de ser mejorado si se contrata correctamente.

    La parte liberalizada constituye aproximádamente el 30 % del total. Aun así, esto ha supuesto una mejora en el total de la factura eléctrica y las grandes compañías han tenido que ser más competitivas que antes, aunque muchas veces no se haya percibido por el consumidor. La parte que no está liberalizada se regula a través del BOE siendo el gobierno quien propone y el parlamento quién aprueba las disposiciones como cualquier otra regulación.

   En anteriores artículos ya hemos contado que la propiedad de las redes está, en más del 90 %, en manos de las cuatro grandes eléctricas que, a su vez, participan también en el mercado libre vendiendo y comprando energía. Para ello están obligadas a crear empresas distintas que generalmente tienen el mismo nombre pero diferente apellido: Endesa distribución, Endesa comercialización, Iberdrola generación, Iberdrola comercialización, etc. En definitiva tienen el mercado de la distribución, como consecuencia de la propiedad de las líneas eléctricas, pero también tienen el 80 % del mercado de compraventa de la energía. Venden y compran al mercado ese 80 % con empresas que son del grupo pero que tienen diferente CIF. Siguen manteniendo alrededor del 90 % del mercado doméstico y han reducido la proporción en el sector de la empresa hasta el 70 % aproximadamente. Ahí es donde más competencia hay en el mercado como consecuencia de su liberalización.

   Con esa política de crear diferentes empresas con parecido nombre, están provocando una confusión de marca, saltándose una vez más la ley, donde el consumidor permanece perdido en la maraña de los actores que intervienen y en los diferentes conceptos de la factura. Pero lo que es claro es que, de no existir esta tímida liberalización, la factura eléctrica sería más elevada.

   Y aquí es donde el consumidor del ámbito rural está más desprotegido frente a las grandes eléctricas que son a la misma vez, distribuidores y comercializadores. La competencia en los entornos rurales y despoblados es generalmente menor. Y a esa situación de desventaja se cierne otra amenaza muy importante: la recaudación del IAE (Impuesto de Actividades Económicas).

    Antes de la liberalización existía un único epígrafe para el IAE que se pagaba a nivel nacional que abarcaba el impuesto sobre la distribución y sobre la comercialización de la energía. Cuando se reguló la comercialización, separando la venta de la energía de la distribución, al legislador no se le ocurrió crear un IAE relativo a la distribución y otro al de la energía comercializada. Este vacío legal ha provocado que desde algunos ayuntamientos se quiera recaudar el IAE de la parte de la energía y exijan a todas las comercializadoras que tengan clientes en su municipio el pago del IAE. Aunque sólo exista un cliente. Si esta práctica se impone y se cobra el IAE en todos los municipios, las comercializadoras independientes no podrán operar en todo el territorio compitiendo con las grandes eléctricas.

    Hay que entender que en este sector la comercialización no requiere tener presencia física en un local o en una zona para realizar las operaciones de venta de energía y las de prestación del servicio al cliente. Es más, para que una comercializadora sea competitiva, cuantos menos gastos tenga, mejor precio puede ofertar. Eso requiere de un desarrollo de procesos informáticos que le permitan dar un servicio más eficiente y competitivo.

    Así pues, es fácil comprender que si una comercializadora tiene pocos clientes en un determinado municipio, si este ayuntamiento exige el pago del IAE, que suele tener un mínimo en el entorno de los 400 €/año, dicho coste se debería cargar en las facturas de esos clientes por comercializar en ese ayuntamiento. Cierto es que la corporación  recaudará más ese año en que se cobre, pero ello obligará a las comercializadores independientes a comercializar únicamente en las grandes ciudades quedando expulsadas del resto del territorio español.

   Si a la gran ventaja que ya tienen las grandes eléctricas se le suma esta eventualidad por la que el IAE sea exigido en cada ayuntamiento, sin duda, desaparecerá del territorio la competencia que actualmente tienen. Y cuando no haya competencia, los consumidores del entorno rural tendrán que aceptar la única propuesta que les hagan las grandes compañías. En ese momento, los ayuntamientos dejarán de recaudar ese pretendido IAE pues ya no estarán las comercializadoras independientes volviendo a la situación inicial de recaudación por este impuesto.

La CNMC ya ha dicho que esto no es lógico y que de extenderse esta práctica peligra la tímida liberalización del mercado. Con una pretendida buena gestión de recaudación en favor del ciudadano, se le está perjudicando pues en el futuro estará más sometido a los dictados de las grandes compañías eléctricas.

    Dice la Constitución que todos somos iguales. Pero en este caso claramente el entorno rural se verá perjudicado. Si se quiere luchar contra la despoblación esta es otra pequeña contribución: dejar el IAE como estaba y cobrarlo en una cuota nacional. En el proyecto de presupuestos de este efímero gobierno y a petición de Esquerra Republicana, se contemplaba una regulación en la dirección que propone la CNMC. Pero esa propuesta ya no verá la luz.

    Y  por supuesto las grandes eléctricas no dicen nada.

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