Por Fernando Ferrando
Presidente de la Fundación Renovables.
El pasado 22 de octubre finalizó el periodo de consulta para modificar la tarifa regulada (PVPC) de electricidad a los pequeños consumidores, tarifa que engloba a mas…
…de 10,5 millones, que todavía no han decidido abandonarla, a pesar de las múltiples campañas de publicidad, para pasarte al mercado liberalizado.
En los últimos meses estamos viendo el incremento histórico de los precios en el mercado eléctrico provocado por el aumento del precio del gas natural en los mercados internacionales y de los derechos de emisiones de CO2, situación que no sería tan alarmante si ese incremento solo se aplicara a aquellos kilovatios que realmente se están produciendo con gas natural.
Para hacernos una idea: en lo que llevamos de año, solamente el 15% se ha generado en las centrales de ciclos combinados de gas.
De la COP26, donde se han evaluado los planes y las tendencias, no podemos permitirnos una electricidad cara ya que nos podría condenar al incumplimiento de muchos de los objetos fijados. Dentro del marco del Acuerdo de París hemos adoptado, como objetivo de la política energética, la reducción de emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) y la electrificación de la demanda de energía para conseguir la erradicación de la dependencia de los combustibles fósiles.
Por tanto, la situación actual es, como mínimo, incomprensible, ya que el precio de la electricidad, que debe sustituir al gas natural, lo fija, precisamente, el propio gas natural, provocando que esta no sea competitiva como vector energético. Que el diseño del mercado eléctrico no traslade una señal precio transparente con los costes que originan la electricidad, base de cualquier política energética que quiera apostar por la eficiencia y por el consumo responsable, no es razón de peso para pensar que la tarifa eléctrica domestica deba diseñarse eliminando o amortiguando su exposición al mercado, una situación de falta de transparencia que se verá ratificada si al final el Gobierno decide aprobar mediante real decreto le una “subasta” a precio fijo para las centrales renovables y de cogeneración sujetas al marco retributivo regulado.
Cuando las comercializadoras ofrecen tarifas planas, sin variaciones en los precios y con horas de electricidad gratuitas a elección del consumidor, lo que están haciendo es romper la corresponsabilidad de los costes con los precios y dar señales ineficientes y ajenas a la realidad al consumidor.
Mantenerse en la tarifa regulada, incluso con el actual diseño, además de ser un derecho es una buena decisión. Si analizamos, por ejemplo, el periodo de los últimos cinco años, podemos ver que el consumidor que estaba en la tarifa regulada paga un 14% menos que si hubiera estado en el mercado libre a pesar de que la tarifa eléctrica, a nivel doméstico, es una de las más caras de Europa.
El pasado 22 de octubre finalizó el periodo de consulta para modificar la tarifa regulada (PVPC) de electricidad a los pequeños consumidores, tarifa que engloba a mas de 10,5 millones, que todavía no han decidido abandonarla, a pesar de las múltiples campañas de publicidad, para pasarte al mercado liberalizado.
Ningún Gobierno ha considerado a la electricidad como un bien de primera necesidad, sino como un elemento recaudatorio y un instrumento de política territorial e industrial. Si analizamos 2019 podemos ver como los consumidores domésticos, Tarifa 2.0, pagaron de impuestos 61,67 euros/MWh, que es mas de lo que costó generar la electricidad ese año (47,69 euros/MWh). Este cargo no solo espor tener un lujo (21%), y ser mucho mas alto que el de países de nuestro entorno (Francia, 5,5% en doble tipo; Portugal y Grecia, 6%; Italia 10%…), sino también por el impuesto medioambiental a la generación del 7% que se aplica a toda la generación, contamine o no, o el destino no definido de la recaudación del coste de CO2 a la generación emisora. Estos impuestos, aunque han sido rebajados hasta fin de año según los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2022, volverán a sus valores de origen para recuperar su papel recaudatorio. En segundo lugar, un 58% de la tarifa, antes de impuestos, para un año como 2019, son partidas fijadas y reguladas por el Gobierno. Es decir, si tenemos un precio de la electricidad elevado la responsabilidad no solo es del diseño del mercado mayorista, sino también de la decisión regulatoria del Gobierno. Es el principal argumento que esgrimían desde Bruselas al decir que los gobiernos tienen instrumentos para actuar, sin que esto exima a la Comisión Europea de la responsabilidad de mantener un diseño de mercado mayorista inapropiado.
Volvamos a los costes regulados, la cuantía más importante es la retribución de las renovables y la cogeneración que supusieron 7.367 millones de euros en 2019. El Gobierno ha presentado al Congreso el Anteproyecto de Ley del Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico (FNSSE) para que el 73% de estos costes sean asumidos por todos los consumidores energéticos y no solo por los eléctricos. Esta medida es razonable y justa porque el consumidor eléctrico no puede ser el que, por cumplir con los compromisos medioambientales asumidos como país, acabe pagando las consecuencias. Según la redacción actual, para el consumidor doméstico supondría una rebaja en el precio de la luz del 13% y ayudará a fomentar lo que tenemos en abundancia y no contamina, como son las renovables, y no a lo que no tenemos y contamina, que son los combustibles fósiles.
Por cuantía, la siguiente partida sería la retribución a la actividad de distribución de electricidad, 5.891 millones de euros. En este caso, cuatro empresas tienen el 90% de la propiedad de la distribución y el transporte es de Red Eléctrica de España (REE), en régimen de monopolio; que recientemente ha presentado nueve meses del año con un beneficio, antes de impuestos, equivalente al 49% de los ingresos, valor que supera todos los estandares, sobre todo si se considera que transporta el suministro de un bien esencial.
El resto de las partidas que se incluyen en los costes que pagamos por la electricidad, como los costes originados por la cohesión territorial, 1.093 millones de euros para 2019, deben ser asumidos por los PGE y no por la tarifa, como así se pactó en 2009. Y lo mismo ocurre con la anualidad para la amortización de la deuda por el déficit tarifario, 2.696 millones de euros, que, al margen de las discusiones sobre su origen, podrían extender el plazo de amortización hasta 2034.
Pero, además, la tarifa encierra una asignación de los costes fijos en mayor proporción para los consumidores domésticos que para el resto, lo que conlleva una subvención encubierta a la industria. De hecho, para 2019, los costes regulados asignados, antes de impuestos, para el consumidor doméstico, Tarifa 2.0, fueron de 179 euros/MWh, un 77% más que para la pequeña industria, Tarifa 3.0, o 3.6 veces más que para los grandes consumidores, Tarifa 6.1.
¿Por qué es tan cara la luz? Pues, simplemente, porque la tarifa eléctrica ha sido siempre el cajón de sastre que todos los gobiernos han utilizado como instrumento recaudatorio y de acción política.
Esperemos que la consulta pública no sea solo un acto con vistas a la galería, sino que sirva para considerar a la electricidad como un derecho y un bien de primera necesidad y no solo un negocio.
Publicado en : https://elpais.com/opinion/2021-11-15/por-que-pagamos-la-luz-tan-cara.html
