Por José Antonio Díaz Díaz
Sirva este trabajo como un sincero homenaje in memoriam a Dionisio Sánchez Rodríguez. Frente al avance de la crisis permanente y la lógica del miedo en el debate político, estas páginas rescatan su legado de libertad, rigor crítico y compromiso con el voluntariado de las letras.
Permítaseme una digresión inicial: solemos saltarnos los agradecimientos, al igual que los títulos de crédito al final de la película, obviando que estos informan de las condiciones de producción. Posiblemente este reconocimiento debió decirse antes, cuando el destinatario aún podía leerlo. No fue así; solo queda hacerlo in memoriam. Que lo que sigue sirva como homenaje a quien fuera director de El Pollo Urbano, Dionisio Sánchez Rodríguez, al frente de la publicación desde 1977 y que nos dejó a primeros de agosto.
No le conocí personalmente. Mi colaboración con la casa fue vía correo electrónico, a través de nuestras comunicaciones mensuales, encabezadas por una frase breve y al modo antiguo, amable en su sobriedad comunicativa, que terminaba siempre con un abrazo y el respectivo deseo de salud. Moderación y templanza que contrastaban con el contenido irreverente de la revista.
Corrían los últimos días de noviembre de 2023 en Oviedo. Asistíamos al congreso anual del Instituto de Estudios para la Paz y la Cooperación y, durante la cena, Agustín Gavín, presidente de la ONG Aragón por la Paz (ARAPAZ), me habló de la revista El Pollo Urbano. De entrada, el nombre sonaba a contracultura, a fanzine underground, pero también a esa España de gallineros en las azoteas y poblados de chabolas en el extrarradio, con huertos y corrales: ni urbana ni rural, sino todo un mundo de esperanza.
Pocos días más tarde recibí una invitación por correo para escribir en la revista, colaboración que ha durado hasta hoy. Este número 255 se anuncia como «un último baile», aunque mi inconsciente me empuje a desear que El Pollo Urbano siga cabalgando a lomos de sus colaboradores para que otros quijotes hagan suya la voluntad de persistir, desde el voluntariado de las letras, en una publicación diversa, irreverente, satírica, incorrecta, abierta y divertida a todas las formas de pensar, y profundamente intolerante con el fanatismo y la violencia.
He vivido El Pollo Urbano como un viaje, sin origen ni destino, sin ambiciones trascendentales: una relación epistolar abierta que trata de simular las largas tertulias en torno a unas cañas de finales del siglo pasado, algo que no cabe empaquetar en las redes sociales y que requiere tiempo, mesura en quien escucha, y arrojo y compromiso en quien escribe.
No sé si es cierto, pero así se cuenta en la red: que su primer número se presentó el 11 de marzo de 1977 en el bar El Rescoldo de Zaragoza y que su director se presentaba a sí mismo como «un director sin batuta». Sea cierto o no, coincide con mi imaginario de la revista y de su director, resultándome familiar y evocadora esa vocación dionisíaca no directiva, acorde con el nombre de su editor, que sobrevuela el corral y que se resumía en dos instrucciones: escribe sobre lo que te importe y hazlo como quieras.
En las líneas que siguen, a modo de inconclusión, abordaremos aquello que nos preocupa y ocupa en este último trimestre del año. Sirva como homenaje y reconocimiento a su labor de toda una vida.
El siglo XXI se ha configurado como un estado de excepción normalizado, que nos sumerge en un «modo crisis» permanente. El capitalismo financiero y tecnológico explota esa disposición continua a la alarma —la última, las declaraciones catastrofistas de los empresarios de la denominada inteligencia artificial— para desplazar la atención de sus propias fallas estructurales hacia minorías, migrantes, disidentes sexuales, feministas, activistas medioambientales y otros grupos, convirtiendo a estos en amenazas para la identidad, la seguridad o la estabilidad social. A esa lista se añaden, según el contexto, las personas musulmanas y racializadas, el pueblo romaní, las personas pobres y quienes son designados vagamente como «globalistas», «élites» o «enemigos internos» o cualquier otra etiqueta al uso. Las redes sociales y la caverna mediática son la pantalla planetaria de la representación del imaginario colectivo.
Existimos en algún punto del recorrido de un péndulo imaginario que oscila entre la continuidad y la discontinuidad y que, en su posición de equilibrio, las reúne simultáneamente. Ni que decir tiene que esa realidad no existe como tal. Lo que existe es su percepción: una sucesión de memes e informaciones que no solo denotan, sino que también connotan. Esa percepción construye una matrix donde pareciera que todo es posible, mientras aumenta el sufrimiento de las formas de vida que pueblan el planeta.
Ante este flujo incesante de información, ese movimiento mareante e ilusorio, solo cabe parar el movimiento del péndulo —sabemos que es solo una idea—, detenerlo para poder pensarlo. Tal interrupción no puede reducirse a la histeria antipantallas ni al catastrofismo interesado sobre la llamada inteligencia artificial, pues es más fácil imaginar la distopía, el desastre que pensar en la mejora del mundo que habitamos. Ello requiere la recuperación de la escucha, la lectura, el esfuerzo personal y la concentración en lo básico: los saberes del sentido común; los conocimientos mundanos, artísticos, científicos y filosóficos; el cuidado y el cultivo de los sentimientos.
Podemos usar, por analogía, el principio de indeterminación de Heisenberg. No como explicación física de la comunicación, sino como imagen: un símil que nos ayude a pensar. Hace falta decirlo claro: nuestro razonar tiene límites. Para entender cómo funciona el discurso, necesitamos fijar su estructura, detenerlo un instante. Solo así podemos ver qué hacen sus piezas —conceptos, categorías, ideas, teorías, sensaciones y sentimientos—. Pero ese gesto tiene un coste: al inmovilizar el discurso, perdemos de vista su movimiento. Si, en cambio, lo dejamos fluir, captamos su velocidad y sus desplazamientos, pero entonces se nos escapa el sentido preciso de cada elemento. No podemos tener las dos cosas a la vez.
Hace falta, por tanto, combinar fotografía y moviola. La primera permite analizar la denotación, la connotación y los intereses —explícitos e implícitos— de un discurso; la segunda reconstruye su circulación, sus mutaciones y sus efectos. La moviola sin fotografía nos confunde por exceso de velocidad; la fotografía sin moviola nos engaña con la ilusión de estabilidad.
No en vano, las redes sociales funcionan como una moviola continua que se presenta a cada espectador en una versión personalizada, conforme a los intereses que el algoritmo registra, infiere y, al mismo tiempo, contribuye a producir: los «me gusta», el tiempo de reacción y los temas consultados. No recibimos simplemente un flujo de información; recibimos un torrente previamente seleccionado, ordenado y adaptado a nuestro comportamiento.
Ante esta situación, cabría preguntarse por la funcionalidad de los modelos de lenguaje y por la posibilidad de hacer de ellos un uso ético y políticamente productivo, orientado por los intereses de la gente y sometido a patrones algorítmicos de código abierto. En ese marco, los agentes de inteligencia artificial no deberían sustituir la deliberación humana: las decisiones tendrían que seguir siendo, necesariamente, decisiones humanas.
No se trataría de acelerar todavía más el flujo ni de producir más, sino de reconstruir la evolución de los elementos del lenguaje y hacer visible aquello que cada instantánea oculta. La cuestión no consiste, por tanto, en pedirle a la denominada inteligencia artificial que nos entregue una imagen de la realidad ni en confiarle la tarea de construirla. Consiste en utilizarla para examinar cómo se fabrican sus representaciones, qué categorías las ordenan, qué intereses las atraviesan y qué queda fuera de cada encuadre. Su función más valiosa no sería acelerar la producción de discursos, sino ayudarnos a introducir pausas críticas en su circulación. La inteligencia artificial solo sería ética y políticamente valiosa si contribuyera a devolvernos aquello que la aceleración permanente del capitalismo nos arrebata: tiempo para atender, comprender, decidir y cuidar. No para producir más, ni para vivir más deprisa, sino para recuperar la posibilidad de vivir bajo condiciones que todavía podamos debatir y gobernar, donde la vida y su cuidado sean el núcleo de la política y la economía.
Lo dicho se formaliza y concreta en el flujo informativo sobre el llamado «orden mundial», una expresión que presenta como orden estable una estructura atravesada por desigualdades, conflictos y relaciones de fuerza. En esa línea, el debate político europeo y español ha optado por un atajo tan peligroso como inútil: convertir la migración en el chivo expiatorio universal a la hora de explicar el desorden mundial contemporáneo —la contracción de la globalización asimétrica, el choque de imperialismos y la producción de una marea retrógrada ultraconservadora—, una operación que no es un accidente retórico, sino una estrategia consciente de desplazamiento de la mirada. Mientras la atención pública se concentra en la frontera, las causas estructurales de la crisis —la concentración de la propiedad y del capital y sus efectos financieros en la economía, el dominio algorítmico de las corporaciones transnacionales, la destrucción del Estado social y la depredación ecológica— quedan intactas.
Esa lógica no solo cabe adscribirla a la construcción y la circulación de discursos y representaciones, es la misma que organiza la lectura política de los fenómenos sociales: la migración y la vivienda son presentadas como amenazas o problemas aislados, mientras desaparecen del encuadre las relaciones económicas y políticas que las producen. Es la anatomía de una época que ha naturalizado la crisis como forma de gobierno. La crisis ya no es un paréntesis: es el estado normal. Y en ese estado normal, el miedo se convierte en la principal tecnología de control social. Describir ese miedo y la metodología que se usa en su implementación ha sido la preocupación y ocupación que ha definido nuestro trabajo desde finales de 2023 hasta la actualidad en El Pollo Urbano.
Dos fenómenos, entre otros, ilustran de manera manifiesta el uso de la lógica del miedo y la incertidumbre: Ceuta y la crisis de la vivienda. A primera vista, aunque parecen problemas distintos, participan de una misma operación política: convertir a las personas vulnerables en causas (explicación de sentido común que falsea la realidad), ocultando las razones institucionales, económicas y geopolíticas. Lo acontecido en Ceuta nos retrotrae al peor escenario posible —el uso de las personas como instrumentos políticos—; y la falta de vivienda, que ha pasado de ser un derecho a conformarse como otro instrumento para dualizar primero y polarizar después la sociedad.
Entre el 30 y el 31 de julio de 2026, cerca de 49.000 personas cruzaron la frontera del Tarajal, según las cifras que maneja el Ministerio del Interior. Ceuta tiene alrededor de 83.000 habitantes. En cuestión de horas, la ciudad vio llegar un número de personas equivalente a más de la mitad de su población. La mayoría eran jóvenes marroquíes. También había familias con niños en brazos. La Guardia Civil y la Policía Nacional quedaron desbordadas. El Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) colapsó. Las calles se convirtieron en dormitorios improvisados. El detonante aparente, por inmediato, fue una sentencia del Tribunal Supremo que prohibía las devoluciones en caliente a personas que llegaran nadando, al considerar que no habían superado una barrera física de contención fronteriza. Esa sentencia corrió «como la pólvora» en las redes sociales. El servicio de inteligencia español había alertado a Marruecos de las convocatorias que circulaban.
Pero reducir lo ocurrido a una sentencia judicial y a unos cuantos mensajes virales impide comprender su alcance político. Marruecos no es un vecino cualquiera. Mantiene una reclamación histórica sobre la soberanía de Ceuta y Melilla. Y en los últimos años ha construido una posición diplomática cada vez más sólida con Estados Unidos e Israel.
La crisis de Ceuta no fue un fenómeno espontáneo: algunos expertos citados por RTVE la interpretaron como un episodio de «guerra híbrida», es decir, como una operación en la que la presión migratoria se combina con la desinformación y la disputa diplomática. Esa interpretación no debería utilizarse, sin embargo, para convertir a las personas migrantes en agentes de una operación que no controlan. Lo verdaderamente importante es por qué esa estrategia resulta tan eficaz. Un Estado con un peso geopolítico inferior al de España —no digamos al de la UE— ha conseguido convertir la gestión migratoria en una herramienta de negociación capaz de obtener concesiones políticas. Eso no se explica solo por la actuación de Rabat. Se explica, sobre todo, por un modelo europeo de control fronterizo que ha convertido la cooperación con terceros Estados en una dependencia estratégica, articulada mediante incentivos económicos y políticos que aseguran la complicidad de las élites gobernantes en la externalización de fronteras.
Y las derechas españolas parecen coadyuvar en esa estrategia aplicando el manual del inmigracionalismo: la suma de inmigración y sensacionalismo mediático. No informan sobre migración. Explotan el miedo, el morbo y la otredad para generar réditos electorales.
Vox ha llevado la estrategia al extremo. Santiago Abascal ha calificado a los migrantes llegados a Ceuta como una «invasión» y ha exigido que «regresen a su país de origen». Ha acusado al Gobierno de promover la «invasión migratoria» y ha pedido activar el artículo 102 de la Constitución para juzgar a Pedro Sánchez por traición. En el Senado, ha impulsado una comisión de investigación para «determinar las responsabilidades» de lo que llama «este Gobierno mafioso que pretende vender España a Mohamed VI». Y ha pedido suspender las ayudas a ONG «que colaboren o financien la invasión migratoria de Ceuta».
El PP, lejos de marcar distancia, participa en la misma dinámica. En septiembre, ambos partidos marcharon juntos en Madrid bajo el lema de la «Marcha por la Dignidad». El vicesecretario general del PP, Juan Bravo, defendió en Ceuta la necesidad de agilizar las devoluciones y aseguró que una modificación legislativa podría quedar resuelta «en apenas una semana».
El resultado es una paradoja moral de primer orden: las sociedades que se proclaman herederas de la Ilustración y del Estado de derecho construyen, en la práctica, un sistema de apartheid global. Externalizan fronteras, financian dictaduras vecinas para que contengan a los que huyen, convierten el Mediterráneo y el Atlántico en fosas comunes. Y todo ello mientras invocan la defensa de «nuestros valores».
Mientras el debate político se encona, la realidad de Ceuta sigue siendo dramática. Más de 140 organizaciones sociales firmaron una carta abierta en septiembre de 2026 pidiendo reforzar la respuesta humanitaria. Según ese documento, permanecían en la ciudad alrededor de 10.000 personas, muchas en situación de calle, en espacios informales o en recursos provisionales. Entre ellas hay menores sin referentes familiares, mujeres y niñas víctimas de violencia, posibles víctimas de trata, solicitantes de protección internacional y familias con menores.
Save the Children denunció que centenares de niños y niñas permanecían en las calles sin ninguna protección. Amnistía Internacional ha sido tajante: «Las autoridades españolas y marroquíes deben asegurar que los solicitantes de asilo puedan acceder a los procedimientos de asilo y defender los derechos humanos de todas las personas migrantes, independientemente de cómo hayan llegado».
Las organizaciones advierten además de que la emergencia humanitaria «está teniendo un impacto creciente sobre la ciudad y su convivencia, en un contexto en el que distintos actores están utilizando la situación para alimentar la tensión social, la islamofobia y el rechazo hacia las personas migrantes». Las ONG que trabajan en Ceuta se enfrentan a un clima social enrarecido, con un goteo constante de insultos y amenazas en las calles. El ataque en el puerto de Ceuta en septiembre encendió todas las alarmas: una turba confundió el coche de un activista y una abogada de derechos humanos con el de una ONG y lo atacó.
Esa misma lógica de desplazamiento de la mirada se repite en el debate sobre la vivienda. A finales de septiembre de 2026, el desahucio de Maricarmen, una mujer de 87 años que llevaba siete décadas en su piso del barrio de Retiro (Madrid), transformó la crisis habitacional en un conflicto electoral. Frente a las imágenes de una octogenaria sacada de su casa por la policía, la respuesta de Vox no fue preguntarse por qué una persona mayor podía ser desahuciada, sino insinuar que no hubiera ocurrido si fuera migrante: «Toda España sabe que si en vez de Maricarmen fuera Morocarmen, tendría casa». El mensaje no pretendía explicar por qué Maricarmen fue desahuciada. Pretendía sustituir esa pregunta por otra: quién merece una vivienda, la mujer española o la persona migrante. De ese modo, la disputa por el derecho a la vivienda es transformada en una competición nacional entre pobres, mientras quedan fuera del encuadre los propietarios, los fondos de inversión y las decisiones políticas que han convertido el alojamiento en un activo financiero.
Cada vez que se habla de la crisis de la vivienda, alguien repite que el problema es que hay mucha demanda y poca oferta. Como si fuera una ley de la naturaleza, como si lloviera. Pero la Constitución española no dice eso. En su artículo 47 dice: «Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación». No es un adorno. Es una obligación. Y hoy no se cumple.
Los números están a la vista. En la última década, comprar una casa en Europa se ha encarecido más de un 50%, y alquilar, casi un 30%. En España, todavía más: en 2025, los precios de compra crecían a un ritmo del 12,8% anual, más del doble de la media europea. Casi el 10% de los hogares urbanos de la UE dedican más del 40% de su renta a pagar la vivienda. El Banco de España señala la falta de oferta y el encarecimiento del alquiler como claves del problema. Pero no es un fenómeno natural. Es el resultado de decisiones políticas y económicas muy concretas.
Durante décadas, el ladrillo en España lo movían promotoras y constructoras familiares. Desde la burbuja de 2008, ese modelo ha sido desplazado por grandes inversores, sobre todo extranjeros. Los llamados fondos buitre —fondos de inversión que compran activos en crisis a precio de saldo— aterrizaron en masa. Blackstone es hoy uno de los mayores propietarios residenciales de España, con cerca de 30.000 viviendas en alquiler, principalmente a través de la socimi Testa. Le siguen Lone Star, con más de 10.000 viviendas tras comprar el negocio inmobiliario de CaixaBank, y Cerberus, con cerca de 5.000 pisos en Madrid, la Comunitat Valenciana y Andalucía. Compraron grandes paquetes de inmuebles muy baratos, en muchos casos a bancos en dificultades, y ahora alquilan o venden a precios muy superiores.
El vehículo clave han sido las socimis, sociedades cotizadas de inversión inmobiliaria. Su régimen fiscal es privilegiado: si cumplen ciertos requisitos, apenas pagan Impuesto de Sociedades, hasta el punto de que pueden tributar al 0%, frente al 25% general. Eso les permite competir en el mercado en una situación de ventaja que ningún particular puede igualar, presuponiendo que el mercado fuera una solución. Blackstone controla cerca del 83% de las más de 35.500 viviendas que están en manos de estas sociedades. No es magia: es una regla del juego pensada para que unos pocos lo ganen casi todo.
Frente a esta realidad, la derecha política española ha convertido la vivienda en un arma electoral. Vox, en particular, ha girado parte de su discurso hacia este tema, rebajando su neoliberalismo de manual y presentándose como defensor de «los españoles» frente a los inversores extranjeros y frente a algunos gobiernos autonómicos, incluidos los del PP, aunque en otras comunidades gobierne en coalición con ellos. Acompaña ese diagnóstico con cifras selectivas: dice que desde 2020 la oferta de alquiler permanente ha caído más de la mitad y que los precios han subido un 30%. Puede sonar convincente. Pero su práctica parlamentaria lo desmiente: Vox y el PP votaron juntos en la Asamblea de Madrid para tumbar una reforma del impuesto de transmisiones patrimoniales que buscaba frenar la especulación. El programa de Vox pasa por liberalizar todo el suelo no protegido y rebajar masivamente los impuestos y las cargas en la construcción, medidas que benefician directamente a los grandes propietarios y a los fondos de inversión. El PP, por su parte, propone construir viviendas para venderlas más baratas y movilizar casas en alquiler, pero sin tocar el régimen fiscal de las socimis ni regular la compra masiva por parte de fondos. Ambos partidos coinciden en presentar la escasez de oferta como un fenómeno natural —mucha demanda, trámites burocráticos, impuestos altos— y no como el resultado de una estrategia deliberada de acumulación de activos por parte del capital financiero.
Canarias es la prueba de que todo esto no es teoría. Si en el conjunto de España la vivienda se ha convertido en un bien de mercado, en las islas el proceso es tan extremo que la propia población residente ya no puede vivir donde nació. No es una metáfora: siete municipios canarios tienen más camas turísticas que habitantes. Hay 47.329 viviendas vacacionales activas, que suman 190.575 plazas, el 34% de todas las camas turísticas del archipiélago. Mientras tanto, se estima que hay más de 200.000 viviendas vacías fuera del mercado. No falta vivienda. Falta vivienda asequible. Sobra vivienda dedicada al negocio.
La consecuencia es una expulsión. En Canarias, el precio medio del alquiler de una vivienda de dos habitaciones ha pasado de 700-800 euros a 1.500 euros. La cuota media mensual está en 1.112 euros, casi un 13% más en un año, y encadena 55 meses consecutivos de subidas. Para una población con los sueldos más bajos de España, esto no es una dificultad: es quedarse fuera. Y no es un fenómeno espontáneo. Un fondo logró acaparar 150 millones en vivienda en Gran Canaria antes de que se aprobara la ley para frenar el alquiler vacacional. Se llama SmartRental, es una socimi, y como los grandes inversores no hablan de alquiler vacacional, utilizan el eufemismo «alquiler flexible» sin compromiso a largo plazo. Bajo ese término caben hoteles, apartamentos, edificios vacacionales e incluso residencias privadas. Es la misma lógica que denunciábamos con Blackstone.
Miles de personas se han manifestado bajo el lema «Canarias tiene un límite», con pancartas que dicen «Canarias no se vende» o «Canarias ya no es un paraíso». Las protestas han recorrido las siete islas. Piden regulación de los alquileres y congelación de nuevas construcciones turísticas. La ciudadanía canaria ha entendido lo que está en juego: cuatro de cada diez habitantes trabajan en el sector turístico, que representa el 36% del PIB, pero ese modelo les está expulsando de su propia tierra.
La respuesta política ha sido insuficiente y tardía. La Ley 6/2025, de Ordenación Sostenible del Uso Turístico de Viviendas, aprobada en diciembre de 2025, se limita a incorporar la vivienda vacacional como una nueva tipología de establecimiento turístico, sin abordar la raíz del problema. El Gobierno regional, de Coalición Canaria y PP, declaró la emergencia habitacional, pero la ley que tramitó no incluyó ninguna medida específica para contener precios, eludir la especulación o evitar que grandes tenedores acaparen inmuebles. Su argumento es que basta con construir más y más rápido, pero los precios no dejan de crecer. El problema en Canarias no es de falta de viviendas construidas, sino de problemas económicos para acceder a ellas.
Y aquí está el núcleo de todo. La vivienda no es una mercancía. Es un derecho reconocido en el artículo 47 de la Constitución y en instrumentos internacionales como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Reducirla a un bien de mercado es aceptar que su distribución dependa exclusivamente de la capacidad de pago, lo que deja fuera a amplios sectores de la población. La financierización —mejor, capitalismo financiero— ha invertido la relación entre uso y especulación: los fondos no compran para que haya más gente viviendo, sino para extraer las máximas rentas del suelo y del alquiler. Cuando Blackstone controla cerca de 30.000 viviendas en España, no está «ofertando» en el mercado; está concentrando activos para influir en los precios y maximizar rendimientos. Cuando en Canarias se acaparan 150 millones en vivienda antes de que llegue la ley, no se está resolviendo un problema de oferta; se está haciendo negocio con la necesidad de vivir.
La crisis de la vivienda no es un accidente. Es el resultado previsible de un modelo que ha priorizado la rentabilidad financiera sobre el derecho a la vivienda. La derecha política instrumentaliza el malestar social para ganar votos, pero sus propuestas —liberalización de suelo, rebaja fiscal, desregulación— beneficiarían a los mismos actores que han provocado la crisis. Un diagnóstico honesto requiere nombrar a los responsables: los fondos de inversión que han acumulado miles de viviendas; las socimis que operan con privilegios fiscales; los bancos que vendieron activos tóxicos a precios de saldo; y los partidos que, en el gobierno o en la oposición, han mantenido intacto este régimen de acumulación.
La vivienda no puede reducirse a mercado. Es un derecho que exige límites a la especulación, regulación de la compra masiva por fondos, prohibición de la compra de vivienda social por parte de estos, fiscalidad progresiva sobre grandes carteras inmobiliarias y un parque público de vivienda social que compita en precio y calidad con el mercado privado. Sin esto, la crisis no hará más que profundizarse. Canarias no es un caso aparte: es la vanguardia de lo que puede pasar en cualquier territorio cuando se deja que el capital financiero dicte las reglas del juego. La turistificación extrema, el alquiler vacacional descontrolado y la expulsión de la población local son las consecuencias previsibles de haber convertido la vivienda en un activo financiero.
La vivienda no es un lujo, es una necesidad, un pilar del bienestar. Es un derecho. Y los derechos no se compran ni se venden: se garantizan por parte de los poderes públicos.
