Genealogía del (des)orden internacional: el orden interestatal y el desgobierno planetario

Por José Antonio Díaz Díaz

    El mundo no se enfrenta a un «choque de civilizaciones», sino a un diálogo de sordos entre gramáticas incompatibles que, irónicamente, comparten el mismo hardware depredador: el capitalismo. La pregunta no es quién ganará ese diálogo, sino si el planeta aguanta mientras lo mantenemos.

José Antonio Díaz Díaz
Analista político delPollo Urbano
https://orcid.org/0000-0001-7893-3503

    El título de este trabajo contiene dos trampas del lenguaje que la genealogía debe desactivar: «orden» e «internacional». «Orden» no designa aquí una estructura estable ni consensuada, sino una jerarquía interesada definida por el poder duro —es decir, por la hegemonía militar—. Lo que llamamos orden internacional no es más que un equilibrio provisional de potencias que se congela o se descongela según convenga a quienes tienen capacidad de imponer reglas, reinterpretarlas o quebrarlas. La historia del Derecho internacional ofrece la prueba más visible de ello: rara vez la legalidad corrige al poder duro; más bien busca resquicios para legitimarlo.

     Tampoco «internacional» es una palabra neutra. Presupone un orden de naciones homogéneas que ignora la realidad de los Estados plurinacionales, con pueblos y lenguas no representados en ellos. Ese orden deja fuera a quienes no caben en el molde del Leviatán moderno y convierte a la ficción estatal en el único interlocutor visible. Por eso hablaremos aquí de orden interestatal y, cuando sea necesario, de desgobierno global, término con el que designamos no la mera ausencia de gobierno, sino la incapacidad estructural del sistema de Estados para gobernar los problemas que él mismo produce: el colapso climático, las migraciones masivas, la concentración de poder digital y la violencia sistémica de las sanciones económicas.

     Conviene además desconfiar del psicologismo con que tantas veces se explica la política. El mundo no se mueve solo por las pulsiones de unos pocos líderes, sino por burocracias que conservan memoria, corporaciones que orientan inversiones y sujetos colectivos que, desde los márgenes, ensayan otras formas de nombrar y disputar el poder.

    Las corporaciones aparecen en este análisis como telón estructural y no como actores con gramáticas equivalentes a la de los Estados. No es por subestimar su poder —las transnacionales gestionan una porción determinante del PIB mundial—, sino porque operan mayoritariamente en un lenguaje privado y opaco.

    El (des)orden interestatal no lo sostiene solo el poder duro. La guerra, el terror y la violencia estructural de las sanciones comerciales requieren también del poder blando de los discursos institucionales, la publicidad, el cine, las artes y el discurso mediático, que legitiman ese orden y lo vuelven asumible. Hoy, ese marco común de sentido atraviesa un proceso de derrumbe para unos y de reestructuración para otros. El llamado Manifiesto Palantir —documento publicado el 21 de abril de 2026 por la empresa de inteligencia artificial y defensa homónima, contratista estratégico de los principales ejércitos «occidentales»— es un ejemplo inquietante de ello: propone abiertamente la sustitución del Estado burocrático weberiano por una gobernanza algorítmica privada y la convergencia estratégica entre EE. UU., Alemania y Japón. Con ello no solo se normaliza la militarización, sino que también se reabre simbólicamente la puerta a una revisión del orden surgido tras la derrota del fascismo y del militarismo imperial. Alemania y Japón —potencias regionales subordinadas, pero con capacidad propia para influir en sus respectivas regiones—, junto con Estados Unidos, potencia global, forman el esqueleto de un nuevo eje con resonancias del siglo pasado que conviene no minimizar.

    No asistimos solo a un nuevo capítulo de la historia, ni siquiera a un cambio de época como lo fue la revolución industrial, sino a un proceso de posible singularidad: una ruptura histórica que no se deja explicar por simple continuidad, sino por la aparición de una forma nueva de orden temporal y de experiencia del mundo. Ese proceso se articula en torno a una tríada de tecnología, comunicación y élites divorciadas del suelo en el que viven. La tecnología aporta capacidad de extracción, vigilancia y automatización; la comunicación convierte ese poder en relato, consenso o distracción; y las élites, separadas de los límites materiales y sociales del territorio, administran ese sistema como si sus consecuencias pudieran externalizarse indefinidamente.

    No cabe, por tanto, reducir este momento a una mera dialéctica entre amos y esclavos. Tampoco basta con entenderlo como una convergencia de tecnofeudalismo, infodemia y capitaloceno con capacidad de autocorrección por los mecanismos del mercado: lo que está en juego es el biotopo y la biocenosis que conocemos.

     El capitaloceno es materialmente insostenible. No hay planeta para un desarrollo con formato occidental. Por mucho que lo prediquen los gurús del libre mercado, el mito del crecimiento no es funcional: requiere límites y dirección. No hay suficiente planeta para un desarrollo ampliado conforme a los estándares —lo que algunos denominan nuestro modo de vida— en los términos de EE. UU. y Europa.

   Solo caben dos salidas —y conviene advertir que esta simplificación es táctica, no una concesión al mismo binarismo que el ensayo critica: el problema real admite gradaciones, pero los márgenes para la gradación se estrechan con cada año de inacción—: poner límites, reorientar el desarrollo y redistribuir la riqueza existente en términos de sostenibilidad, o avanzar hacia una militarización creciente amparada por la nueva República Tecnológica.

    El mundo no se enfrenta a un «choque de civilizaciones», sino a un diálogo de sordos entre gramáticas incompatibles que, irónicamente, comparten el mismo hardware depredador: el capitalismo. Debemos desterrar de cualquier discurso que pretenda ser inclusivo la idea de civilización, pues con demasiada frecuencia se usa para naturalizar una esencia política o cultural. No existen civilizaciones homogéneas y cerradas, sino sociedades históricas, plurales y cambiantes, atravesadas por conflictos internos y por múltiples formas de pertenencia.

   Para entender el desorden hay que ir al origen de lo que algunos denominan Occidente. Aclaramos previamente que las culturas se fundan sobre mitos funcionales. Por otra parte, toda cultura combina una infraestructura material y un imaginario asociado a esos mitos funcionales. Occidente denota un hardware ineludible: gnosticismo, binarismo parmenídeo, judeocristianismo, Derecho romano, ciencia galileana, Estado burocrático weberiano y doctrina de los derechos individuales. Esta enumeración mezcla deliberadamente ideas filosóficas, teológicas, jurídicas y científicas, porque el andamiaje occidental no es un sistema coherente sino una sedimentación histórica de capas heterogéneas que actúan en conjunto. Ese andamiaje legitima un modo de organización del poder que, al menos desde los años ochenta del pasado siglo, se presenta como universalizable.

   En su versión instrumental para el siglo XXI, ello se traduce en un banco central, un catastro o registro de la propiedad y una delegación ante la Organización Mundial de Comercio. Los derechos civiles —y la democracia misma— se presentan, en cambio, como opcionales, decorado retórico o legitimación de intervenciones extranjeras. El software, el imaginario, la ideología, los valores y los principios funcionan como coartada, publicidad y propaganda, conformando un programa híbrido basado en binarios dilemáticos. Conviene detenerse en este concepto: se trata de marcos de interpretación que presentan una realidad compleja como una elección forzada entre dos opciones opuestas, ocultando alternativas intermedias: razón contra emoción, desarrollo frente a atraso, secularismo contra religión.

    Ese marco —ayer al servicio de las cruzadas y del colonialismo— hoy persiste bajo nuevas formas de neocolonialismo, legitimadas por la retórica de los derechos humanos, la libertad y el desarrollo. También sostiene la teleología del progreso y vehicula la «ayuda al desarrollo» como caridad civilizatoria, ocultando a menudo la trampa de la deuda impagable en moneda fuerte.

     Esa misma gramática que sirvió para organizar el orden colonial opera hoy en la fractura «intra-occidental»: la brecha euroatlántica se ha convertido en una fractura abierta entre EE. UU. y la UE. Ucrania, Gaza, Irán y Groenlandia, así como las regulaciones sobre las grandes tecnológicas y la denominada economía verde, son algunos de los escenarios donde diccionarios políticos particulares producen lecturas contrapuestas. Las demandas de Estados Unidos a la Unión Europea y al Reino Unido exigen el abandono del liberalismo y la adopción de su némesis en forma de capitalismo autoritario, el pago de peajes comerciales no recíprocos y una factura por los supuestos gastos de defensa de EE. UU. en el mantenimiento de la OTAN, cifrada en el 5% del PIB. En esa estrategia convergen, por intereses distintos, Rusia, EE. UU. y China. Su acuerdo es mínimo: el retorno a los Estados nacionales y al poder duro, a sabiendas de que, en esa tesitura, los países europeos individualizados y el Reino Unido quedarían en una posición subordinada. Lo viejo ya murió, pero lo nuevo aún no termina de nacer —como advertía Gramsci en sus Cuadernos de la cárcel—, y el elefante sigue ahí, en medio de la habitación. Estamos en un interregno en el que vuelven a aparecer los monstruos.

     En ese contexto, el rearme vuelve a presentarse como solución a la crisis industrial, pero lo que realmente anuncia es una mutación política más profunda. De ello se derivan dos consecuencias: por un lado, Europa queda atrapada entre EE. UU. y Rusia; por otro, se profundiza el divorcio entre Francia y Alemania, debilitando la posibilidad de articular una política europea común de seguridad —en sentido amplio, incluido el Estado del bienestar—. Rusia, EE. UU. y China no actúan de forma coordinada, pero sus intereses convergen en debilitar a la Unión Europea como sujeto estratégico de poder blando. La consecuencia es clara: la Seguridad Común Europea, que nunca terminó de nacer, queda gravemente comprometida por la lógica del rearme, la subordinación y la fragmentación del continente.

    El foco euroatlántico de este análisis no es involuntario: la UE sigue siendo el único experimento histórico de poder blando supranacional con vocación normativa universal. Es imperfecto e injusto a veces —como en su política migratoria—, pero su contradicción más grave, y también la más deslegitimadora, se da en Israel y su actuación en Gaza —denunciada ampliamente como genocida—, Cisjordania y Líbano, donde la UE revela con claridad su doble rasero. Y, sin embargo, sigue siendo el mejor modelo disponible de poder blando entre uniones voluntarias, el único punto de partida plausible hacia una cosmópolis de uniones regionales.

    En esa línea, la Unión Europea no es un imperio, ni necesita serlo; tampoco una civilización homogénea. Es, más bien, una comunidad política de intereses que intenta superar el viejo destino europeo de la guerra entre Estados y que, por ello, necesita profundizar en políticas comunes y ganar legitimidad mediante poder blando.

Lo más representativo de la imperfección europea, dado lo que nos ocupa, son las distintas varas de medir usadas ante los conflictos y las exenciones a sus propias reglas. Tres ejemplos: Rusia, Israel y Marruecos. La invasión rusa de Ucrania se castiga con aislamiento y sanciones por violar el Derecho internacional. Sin embargo, la destrucción de Gaza, la anexión territorial y el apartheid israelí en Cisjordania, o la ocupación del Sáhara Occidental, se premian con tratados de libre comercio y reconocimiento diplomático. La gramática universalista europea se revela, así, como un relato a la carta y pierde autoridad moral frente al resto del planeta.

    Aunque Europa y América del Norte mantienen una relación ambivalente con sus propios principios normativos, Rusia y China no ofrecen una alternativa verdaderamente nueva en el plano de los valores. Sus diferencias con Occidente son de grado y de énfasis, pero no de principio; y en lugar de elaborar una contranarrativa universal, refuerzan mecanismos de cierre —firewalls— destinados a proteger sus sistemas frente a influencias externas.

    Rusia, por su parte, articula su política mediante un discurso de lo que sus portavoces denominan excepción civilizatoria: el Russkiy Mir (Mundo Ruso) funciona como narrativa identitaria y como escudo simbólico frente al Derecho Penal Internacional. A ello se añade una cultura del liderazgo fuerte, atravesada por el patriarcado, que naturaliza la violencia y la convierte en un componente estructural del orden político.

     China despliega una ideología del desarrollo sin sujeto: un modelo que prioriza el crecimiento y la estabilidad por encima de la competencia política y las libertades civiles. Pekín ha perfeccionado su aparato burocrático hasta convertirlo en una maquinaria capaz de combinar modernización y control. Cuando habla de «derechos humanos orientados al desarrollo», sitúa en primer plano la mejora material y la reducción de la pobreza por delante de la pluralidad electoral. En este punto puede rastrearse una resonancia confuciana: la obligación moral del gobernante de garantizar el orden. Sin embargo, la Franja y la Ruta no busca una ruptura anticapitalista, sino ampliar la influencia china mediante redes de dependencia estratégica. Es un capitalismo duro y disciplinado, pero sin pluralismo político.

     Las denominadas potencias regionales —Brasil, India, Japón y Sudáfrica, por una parte, y de otra Turquía, Arabia Saudí e Irán— tampoco conforman un proyecto normativo alternativo, sino un espacio de coordinación flexible y discontinua que opera como un router geopolítico: conecta, redirige y reprograma flujos según la conveniencia de cada actor. Comparten una lógica de hackeo pragmático y una condición multigramatical: utilizan el sistema multilateral occidental cuando les resulta útil —por ejemplo, la Organización Mundial de Comercio (OMC)— y lo sortean o complementan con mecanismos paralelos cuando les estorba. Ni India ni Brasil parecen buscar la destrucción del orden mundial; aspiran, más bien, a ampliar su margen de maniobra y a incrementar su capacidad de decisión dentro de él. Turquía, Arabia Saudí e Irán ocupan un lugar distinto por razones diversas. Turquía actúa como un intermediario estratégico que explota su posición geográfica y militar para maximizar autonomía e influencia. Irán articula una lógica de lo que sus propios marcos ideológicos denominan resistencia civilizatoria —legitimada, paradójicamente, ante su propia opinión pública por la presión continua de EE. UU. e Israel, que convierten el antagonismo externo en argumento interno de cohesión—. En el caso saudí, la Declaración de El Cairo de 1990 expresa la voluntad de formular una normatividad islámica condicionada por la sharía, en tensión con la pretensión universal de la DUDH. Esa objeción adopta una forma específica al subordinar los derechos a la sharía y someterlos a una concepción determinada por la religión. Sin embargo, una formulación de este tipo plantea un problema de fondo: la universalidad de los derechos deja de ser tal en el momento en que se admiten excepciones por razón religiosa o por conveniencia estratégica. En la práctica, no encarnan una gramática multilateral emergente, sino formas de poder regional que combinan alineamientos variables, aspiraciones de influencia y disputas por la definición misma del orden normativo.

      Mientras los grandes actores debaten sobre soberanía y los medianos juegan sus cartas, África, América Latina y el Sudeste Asiático quedan en una posición subordinada. En la era del tecnofeudalismo, el Sur Global sufre una doble extracción: la de materias primas y la de datos. Dependen de tecnologías diseñadas y controladas desde fuera, lo que los mantiene en una situación de reparación permanente. Por eso, cuando reclaman compensaciones por las pérdidas climáticas, no piden caridad, sino reparación por los efectos del extractivismo que ya no pueden evitarse: inundaciones, sequías y desiertos medioambientales provocados por la acción humana externa.

     El tecnofeudalismo, la infodemia y el Capitaloceno son parte de las formas actuales del capital. Sin soberanía algorítmica y capacidad pública de gobernanza digital, cualquier marco político corre el riesgo de ser secuestrado por monopolios privados de datos. El llamado Consenso de Londres —la agenda de política económica que, desde 2023, reivindica el papel activo del Estado y los sindicatos frente al agotamiento del modelo neoliberal— apunta en la dirección correcta al rehabilitar el Estado frente a ese agotamiento, pero sus pautas siguen pensadas para el Norte Global. Su punto ciego es el mismo de todo reformismo keynesiano: nombra las soluciones sin nombrar a quienes tienen interés estructural en que no se apliquen.

      Los derechos biosféricos deben entenderse como una cuarta capa de los derechos humanos, construida sobre las tres anteriores: los derechos civiles y políticos individuales, los derechos económicos y sociales, y los derechos colectivos y culturales. No cabe seguir permitiendo que empresas y élites utilicen los valores que articulan la dignidad humana como coartada retórica. Tampoco es aceptable que las petroleras participen en las cumbres climáticas como si fueran parte neutral de la solución. Es hora de extender la idea de dignidad a la biosfera, incorporando derechos neuronales, soberanía alimentaria y soberanía energética comunitaria. Ejemplos concretos de esta mutación jurídica son el Mar Menor —reconocido como sujeto de derechos en España— y, en América Latina, los reconocimientos constitucionales y jurisprudenciales de los derechos de la naturaleza en Ecuador y Bolivia. Y, sobre todo, los «nadie» del sistema —excluidos de la representación y de la voz pública— deben dejar de ser víctimas pasivas para convertirse en sujetos de una nueva legalidad ecosistémica.

    En ese marco, el derecho humano a la paz puede funcionar como principio de síntesis para el Sur Global: en contextos donde la guerra, el extractivismo y la devastación ambiental se entrelazan, la paz no es solo ausencia de conflicto armado, sino seguridad material, derecho al territorio, al agua, a la alimentación, al desarme y a la reparación. Leído desde el Sur Global, el derecho a la paz deja de ser un complemento moral del orden interestatal y pasa a ser una condición de posibilidad para la supervivencia colectiva y para una arquitectura política capaz de limitar la violencia estructural del sistema.

    Esta aparente tensión se resuelve al invertir la lógica de la presión: la refundación de la ONU no llegará por cesión moral de las potencias, sino por obsolescencia forzada. Si los «nadie» articulados en bloques regionales convierten los derechos biosféricos no en una capa añadida, sino en la forma más radical de sus derechos civiles —pues en el Sur Global defender el agua o el territorio es defender la vida misma—, bloquearán cualquier coartada eco-colonialista. Al usar el propio hardware jurídico internacional para blindar sus hábitats y asfixiar funcionalmente el veto en los foros, harán que el costo de mantener la doctrina de 1945 sea materialmente insostenible incluso para sus guardianes. El derecho humano a la paz puede y debe ser el marco de esa agenda intersectorial.

     El diagnóstico exige, llegado aquí, dar el giro hacia el proyecto. El escenario y el objetivo operativo pasan por la refundación de Naciones Unidas y del Derecho internacional. Cualquier intento de construir una gramática compartida exige constatar que el mundo de 1945 no existe y que el fin de la Guerra Fría y el orden unipolar americano amenaza con desembocar en catástrofe. La organización necesita dejar de ser el reflejo de la posguerra y de la Guerra Fría para convertirse en un marco capaz de ordenar la interdependencia global. La primera condición es la representatividad: el Consejo de Seguridad debe reflejar el peso real de África, América Latina y Asia. Sin la supresión o, al menos, la restricción sustantiva del derecho de veto, cualquier reforma de Naciones Unidas seguirá siendo cosmética y no alterará la estructura oligárquica del Consejo de Seguridad. La segunda es la primacía efectiva del Derecho internacional, mediante mecanismos de mediación obligatoria y consecuencias políticas reales ante la violación de las normas. La tercera es la democratización interna, abriendo la institución a la sociedad civil. La cuarta es la reformulación del desarrollo: paz, pobreza, deuda y clima ya no pueden tratarse como agendas separadas. La quinta es la gobernanza biosférica: situar la crisis ecológica en el centro de la seguridad global.

    Por último, la refundación requiere un universalismo no imperial: una doctrina basada en mínimos compartidos —dignidad humana, paz, límites ecológicos—, pero sin imponerlos por la fuerza. Solo así la ONU podrá dejar de ser un archivo del viejo orden para convertirse en una institución capaz de sostener el mundo que viene. No se trata de inventar un nuevo software utópico, sino de depurar los controladores obsoletos del sistema actual. Los datos climáticos llevan décadas señalando la dirección. La pregunta ya no es qué marcan los termómetros: es quién tiene autoridad —y quién tiene interés— en actuar a partir de lo que miden.