Por José Antonio Díaz
Hay frases que parecen de sentido común. Tan evidentes que no necesitan explicación. «Los españoles primero», por ejemplo. Suena a justicia, a protección, a orden. Pero ¿y si esa evidencia fuera un espejismo? ¿Y si lo que parece sentido común fuera, en realidad, una operación de sentido diseñada para legitimar la exclusión?
En este artículo exploramos la genealogía de la expresión «prioridad nacional»: su encaje en el sentido común, sus raíces históricas, su marco jurídico y su funcionalidad política en una España dualizada económicamente y polarizada políticamente.
Lo primero que conviene señalar es que la expresión funciona como un reclamo publicitario que vincula el malestar social provocado por problemas reales —vivienda, sanidad, educación, cuidados y coste de la vida— con una supuesta solución mágica: primero los de casa. Con ello, desplaza la atención de las causas estructurales de esa precariedad.
El barómetro del CIS de abril de 2026 pone cifras a ese malestar: la vivienda es el principal problema para el 41% de los españoles, seguida de la precarización del empleo. El coste de la vida y la imposibilidad de emanciparse afectan a millones de personas. Ese desasosiego compartido alimenta la búsqueda de un culpable visible que oculte o enmascare las causas estructurales de la situación: los migrantes.
El sentido común es el tejido invisible que sostiene la certidumbre social compartida. No es un saber espontáneo, ni una voz interior; es la socialización de lo que se presenta como evidente a través del lenguaje ordinario, los hábitos y los lugares comunes. Puede representarse como una estratificación de creencias, costumbres y relatos que, por repetición, acaban pareciendo naturales. Por eso el sentido común de una sociedad no es el de otra, y el de ayer no es el de hoy.
En su nivel más básico, es un saber práctico inmediato: abrir una puerta, saludar, cruzar la calle. También funciona como depósito de mitos que dan sentido a la vida colectiva y legitiman el orden establecido. Y, en contextos de crisis, puede convertirse en un espacio de disonancia del que emerja un sentido común alternativo, a partir de la experiencia directa de las contradicciones propias y de las operaciones de denuncia, propaganda y publicidad promovidas por los productores de sentido.
La política se mueve entre dos registros: uno ordinario, dominado por la retórica, el eslogan y la publicidad, y marcado por una lógica maniquea y binaria; y otro tecnocrático, de corte económico-jurídico, reservado a quienes diseñan las reglas del juego. El primero no describe la realidad: la construye. Al nombrar, jerarquiza; al repetir, naturaliza; al emocionar, moviliza. Con frecuencia, además, actúa como neblina o ruido, al confundir el significado de las palabras con las emociones que evocan.
No es la verdad lo que da fuerza a un relato, sino su capacidad para conectar con los miedos y las incertidumbres de quienes lo reciben. Por eso el sentido común —que por inercia tiende a ser conservador— funciona como un dispositivo de adhesión: hace que muchas personas respalden políticas que no solo no resuelven sus problemas, sino que incluso los agravan. El sentido común no es un don, sino un producto. Puede fabricarse, difundirse y disputarse.
El racismo del siglo XXI rara vez apela ya al concepto de raza. Se presenta como tradición, defensa identitaria o sentido común. Admite la diversidad, pero solo si cada cual permanece en su sitio. Bajo esa lógica, la fórmula «prioridad nacional» no es solo un eslogan, también actualiza la vieja gramática de exclusión: convirtiendo la pertenencia en frontera y la diferencia en sospecha.
El fútbol es una de las fábricas del sentido común. La camiseta territorializa la identidad y la transforma en emoción compartida. Pero no siempre opera como instrumento de exclusión: a veces la lógica identitaria intenta apropiarse de la grada; otras, el juego desborda ese relato y muestra una España mestiza, diversa y plural, hecha también por los hijos de la migración.
Cuando eso ocurre —como sucedió durante la Eurocopa de 2024 con Lamine Yamal y Nico Williams— el discurso excluyente queda desnudo. Vox lo intentó: su portavoz en Andalucía restó méritos al gol de Yamal («no hace falta que juegue Lamine para ser campeones»), y el barrio de Rocafonda fue tildado de «estercolero multicultural». Pero el éxito de la selección, protagonizado por quienes el relato identitario presentaba como extranjeros, mostró la falsedad de sus premisas. Frente a la verdad, solo quedó el silencio: ni felicitaciones, ni reconocimiento. No acompañaba el sentido común.
Ante este estado de cosas, conviene hacer un inciso sobre la responsabilidad de parte del periodismo deportivo, cuando rebaja su lenguaje a memes y metáforas bélicas, legitimando el habla de la grada y su gramática excluyente.
La cuestión no es solo moral, política, jurídica o económica. Es, sobre todo, una disputa por el sentido común: quién puede aparecer como parte legítima de la comunidad y quién debe quedar fuera. El fútbol permite ver con nitidez esa tensión entre inclusión real y exclusión imaginaria. La extrema derecha encuentra ahí un recurso útil, pero también su propia desautorización: cuando el éxito deportivo recae sobre quienes su relato querría convertir en «invasores», «ilegales», «amenaza existencial» o «parásitos sociales», su discurso se derrumba.
La expresión «prioridad nacional» no es un invento español. Traduce una consigna que la extrema derecha europea lleva décadas explotando: «los franceses primero», «los italianos primero», «los austriacos primero». Su versión más conocida la popularizó Jean‑Marie Le Pen en 1985. Cas Mudde lo ha descrito como nativismo y chauvinismo del bienestar: la defensa selectiva de las prestaciones solo para «los nuestros».
Aunque la fórmula de la «prioridad nacional» es reciente, en España conecta con una larga tradición de exclusión: la expulsión de los judíos en 1492, la de los moriscos en 1609, la persecución de los gitanos y el régimen de limpieza de sangre configuraron un repertorio histórico de pertenencia y expulsión. El racismo estructural español no es una importación reciente, sino una gramática histórica de la pertenencia que ha cambiado de forma sin alterar su fondo: primero fue teológica, luego racial, después nacionalcatólica y hoy administrativa. El nacionalismo autoritario del siglo XX consolidó una idea cerrada y jerárquica de la nación, donde quedaban fuera el comunista, el masón, el separatista o el rojo. De esa cultura política procede, en parte, la actual idea de «prioridad nacional».
Entre finales de los noventa y la primera década del siglo XXI, España se convirtió en un país receptor de inmigración, lo que transformó el paisaje social, laboral y político y permitió a la extrema derecha construir su relato sobre un nuevo chivo expiatorio.
Vox no inventó el marco, pero sí lo llevó al centro del debate. Lo que antes circulaba en márgenes extraparlamentarios —Plataforma per Catalunya y su «primer els de casa», Hogar Social Madrid y su ayuda «solo para españoles»— acabó traducido en un lenguaje aparentemente administrativo: la «prioridad nacional». Su eficacia no reside en la técnica, sino en la actualización de una vieja gramática de exclusión por origen. Por eso, cuando se habla de «prioridad nacional», no estamos ante una mera discusión sobre baremos, sino ante una formulación contemporánea de esa tradición excluyente.
El barómetro de 40dB de mayo de 2026 muestra que el apoyo a la «prioridad nacional» no nace solo de una opinión, sino de una percepción deformada por la desinformación: el 40% cree erróneamente que regularizar inmigrantes equivale a darles la nacionalidad. La encuesta, tal como está formulada, legitima el sentido común conservador porque pregunta por «prioridad a españoles» sin matizar, no corrige la desinformación y refuerza la idea de que «es lo que piensa la gente» cuando en realidad mide opiniones construidas sobre datos erróneos.
La extrema derecha no triunfa por la solidez de su idea, sino porque la convierte en sentido común a fuerza de repetición, miedo y amplificación mediática. La ventana de Overton desplaza lo aceptable; las redes y los algoritmos hacen el resto, reforzando en cada usuario un mundo hecho a la medida de sus miedos.
La «prioridad nacional» ya no es solo un lema de Vox, sino una forma de discriminar en el acceso a recursos que ha ganado terreno en España de la mano de los pactos de gobierno entre PP y Vox. En Extremadura, Aragón y Castilla y León, esa consigna se ha traducido en reglamentos: modificación de los criterios de arraigo para la vivienda protegida y las ayudas sociales. Vox lo presenta como doctrina; el PP, como gestión. Pero ambos empujan en la misma dirección. En Extremadura se recortan políticas de cooperación y se refuerzan partidas para la tauromaquia; en Aragón se ha cancelado el convenio anual con la Universidad de Zaragoza para la cátedra de Cooperación al Desarrollo; y en Castilla y León, su presidente define a la «prioridad nacional» como un «criterio inspirador»
Pero la contradicción no se agota en el eje Vox‑PP. Cabe pensar en versiones atenuadas que en la práctica tengan efectos semejantes. En Euskadi, PNV y EH Bildu rechazan la prioridad nacional de Vox, aunque ambos se mueven en la tensión entre apertura social y cierre identitario. ERC y Junts se oponen frontalmente a la prioridad nacional española, aunque su agenda lingüística e identitaria puede leerse como una priorización de los propios. Aliança Catalana convierte la prioridad nacional en prioridad catalana: la exclusión no desaparece, cambia de sujeto. En Canarias, Coalición Canaria rechaza la fórmula de Vox, pero su discurso de arraigo insular y las exigencias de empadronamiento para acceder a una vivienda protegida revelan otra versión de la misma gramática. La conclusión es incómoda pero nítida: la prioridad nacional no triunfa porque sea coherente, sino porque cada actor la adapta a su territorio.
La «prioridad nacional» puede quedarse en un eslogan político para captar votos, o convertirse en una norma jurídica, —conforme a su objetivo declarado: fijar una preferencia reglada para los nacionales frente a los extranjeros— que permita ordenar presupuestos y distribución de recursos públicos.
El artículo 14 de la Constitución establece que «los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social». La nacionalidad no aparece mencionada de forma expresa, pero el Tribunal Constitucional ha admitido que las diferencias de trato basadas en ella solo son válidas si responden a una justificación objetiva y razonable. No basta con afirmar que «son españoles y los otros no»: si se quiere priorizar a unos sobre otros, hay que demostrar que esa diferencia es necesaria y proporcionada. En caso contrario, la medida resulta discriminatoria.
A ello se suma el artículo 9.3, que prohíbe la arbitrariedad de los poderes públicos. Cualquier criterio de adjudicación debe ser objetivo, verificable y razonable. El legislador puede establecer prioridades cuando el bien es escaso —vivienda protegida, ayudas sociales—. Puede decidir, por ejemplo, que tengan preferencia quienes llevan más tiempo empadronados, quienes tienen hijos a cargo o quienes acreditan ingresos más bajos. El problema no es la priorización en sí, sino el criterio elegido. La ley exige que esos criterios sean objetivos, razonables y proporcionados.
Quienes defienden la «prioridad nacional» son, en muchos casos, los mismos que han combatido las políticas de discriminación positiva o las cuotas para mujeres y otras minorías. Han sostenido que esas medidas eran «injustas» o «anticonstitucionales». Sin embargo, la «prioridad nacional» funciona como una preferencia identitaria para españoles. Es el mismo mecanismo: establecer una ventaja basada en una pertenencia previa. Pero hay una diferencia sustantiva: la discriminación positiva busca corregir desigualdades históricas; la prioridad nacional consolida el privilegio de quienes ya son mayoría. El pensamiento conservador rechaza las cuotas cuando benefician a minorías, pero las defiende cuando benefician a la mayoría. Esa no es una postura de principio; es una estrategia de poder.
Una cosa es decir que se tendrá en cuenta el tiempo de empadronamiento. Otra muy distinta es afirmar que «los españoles primero». El empadronamiento puede ser un criterio objetivo, pero si se fija un plazo desmesurado —diez años— y sin excepciones, el efecto es excluir a quienes han llegado recientemente, aunque trabajen, coticen y tengan una necesidad urgente. El arraigo deja entonces de ser un criterio de ordenación y pasa a convertirse en un filtro excluyente.
¿Qué ocurre con los españoles que se desplazan? Un extremeño que ha trabajado quince años en Madrid y regresa a su pueblo quedaría excluido si se exigen diez años de empadronamiento continuado. Esto entra en contradicción con el artículo 139.1 de la Constitución, que establece que «todos los españoles tienen los mismos derechos en cualquier parte del territorio del Estado». La libertad de circulación no puede quedar neutralizada por requisitos autonómicos excesivos. En junio de 2026, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias admitió a trámite una demanda contra Canarias por su «prioridad nacional» en vivienda pública.
Además, el Derecho de la Unión Europea prohíbe cualquier discriminación por nacionalidad entre ciudadanos comunitarios. Un italiano o un francés residentes en España no pueden ser tratados de forma diferente a un español en el acceso a prestaciones.
¿Es posible aplicar la «prioridad nacional» sin reformar la Constitución? Muy difícil, y en su forma más dura, prácticamente imposible. La prioridad directa por nacionalidad puede chocar con el artículo 14, el 139.1 y el Derecho de la UE. Para aplicarla habría que modificar de forma muy profunda la Constitución y la Ley de Extranjería.
La prioridad por arraigo es jurídicamente posible, pero solo si los plazos son razonables, incluyen excepciones y no se utilizan para excluir sistemáticamente a la población extranjera. La exigencia de empadronamiento puede ser defendible si se aplica por igual a todos los residentes y guarda relación con un vínculo estable con el territorio —lo que exige que los ayuntamientos no pongan trabas al empadronamiento, que es un trámite administrativo vinculado a la residencia efectiva. Pero si el requisito se convierte en un filtro rígido que excluye a quienes trabajan y cotizan, la medida deja de ser de ordenación y se convierte en discriminación indirecta.
A pesar del giro restrictivo que algunos Estados impulsan en la política migratoria europea, las políticas nacionales de exclusión han sido declaradas no conformes al derecho comunitario. En Francia, buena parte de las medidas de exclusión que la derecha logró incorporar a la ley de inmigración de 2024 —el endurecimiento de prestaciones para extranjeros, las cuotas migratorias— fueron censuradas por el Consejo Constitucional, aunque sea por la vía procesal de los «cavaliers législatifs» —el equivalente francés a lo que en España se conoce como leyes ómnibus, disposiciones ajenas al objeto inicial de la norma, coladas durante el trámite parlamentario—: el poder ejecutivo y la derecha sabían que esas medidas no encajaban en la ley, pero las introdujeron igual, calculando que el rédito político llegaría antes que la sentencia. En Italia, el Tribunal de Justicia de la UE declaró incompatible con el Derecho de la UE un requisito de diez años de residencia para acceder a determinadas prestaciones sociales en un caso italiano. La deriva restrictiva no ha blindado a la «prioridad nacional»; al contrario, la ha expuesto a un escrutinio cada vez más riguroso. No parece que vaya a correr mejor suerte en España.
La «prioridad nacional» no es una solución; tampoco puede presentarse como un criterio neutral. Es una operación sobre el sentido común, un «pensar con las tripas» que convierte el miedo en voto y la precariedad en odio. Su éxito no depende de su verdad, sino de su capacidad de resonar en quienes sienten que el mundo se les escapa. Pero el sentido común no es un don natural: es un producto. Puede fabricarse, difundirse y también contestarse. La pregunta no es solo si la prioridad nacional es legal o constitucional —que no resiste un examen serio—, sino si estamos dispuestos a dejar que una mentira elemental se convierta en la nueva normalidad, si Vox y el PP la llevan al gobierno de España en un futuro inmediato.
