Por José Antonio Díaz
La guerra de EE. UU. e Israel contra Irán revela el choque entre un orden marítimo occidental en declive y una integración terrestre euroasiática en construcción. Esta fragmentación de la globalización deja fuera de juego a la UE y sacrifica la cooperación medioambiental y el derecho internacional.
José Antonio Díaz Díaz
Analista político del Pollo Urbano
Irán y su entorno no son solo países modernos, han heredado una experiencia multicultural-plurinacional milenaria que les permite hacer de puente entre Eurasia, el Caspio y el Golfo Pérsico. Sus fronteras geográficas y humanas han persistido como un eje de conexión continental entre el Mediterráneo y los mares abiertos del sur.
Las denominaciones `Oriente Medio u Oriente Próximo´ no denotan realidades físicas, sino estrategias británicas y estadounidenses que homogeneizan una realidad demográfica diversa y plural. Esa terminología ignora diversidades milenarias en favor de una lógica de intervención externa iniciada en el siglo XIX, y paradójicamente coadyuva a la idea de un Irán persa y chií que proyecta el Gobierno de Irán hacia el exterior.
En 1893 la Línea Durand fragmentó a las etnias pastún y baluche, mientras la ingeniería social soviética dibujó repúblicas cuyo sufijo -stán evoca memorias preestatales iránicas. Estos legados coloniales no desaparecieron con la independencia, sino que mutaron en las estructuras de control que definen los conflictos actuales.
En el Irán actual habitan aproximadamente 93 millones de personas. Correspondiendo a un 1% una 900 000 personas, lo que nos permite cuantificar el mosaico étnico iraní: persas que incluyen a guilakíes y mazandaraníes (61%), azerbaiyanos (16%), kurdos (10%), luros incluyendo al pueblo bajtiarí (6%), turcomanos , arabes y baluchíes (2% cada pueblo) y otras etnias 1%. Dicho de otra forma, no cabe hablar de etnias minoritarias.
Para explicar el presente, conviene recordar el pasado remoto: la historia es presente continuo en revisión constante, 9000 años atrás las primeras comunidades humanas neolíticas encontraron en la meseta de Irán una fortaleza natural, rodeada por los montes Zagros al oeste y el Alborz al norte. Esta orografía protegió los asentamientos neolíticos y definió el carácter defensivo de la región. Desde entonces, la geografía ha servido de bastión frente a las potencias de las tierras bajas, y ni siquiera la tecnología militar ha resuelto ese problema, cuando ha habido que poner botas en el terreno como han sido las guerras del siglo XX y XXI en la región.
Hace unos 7000 años, en Mesopotamia, la civilización se conformaba alrededor del control de las crecidas del Tigris y el Éufrates mediante canales, diques y esclusas. Hace unos 4700 años, el reino de Elam —con capital en Susa— dialogaba y guerreaba con ciudades-estado sumerias como Uruk y Lagash. Y hace unos 2800 años, en la meseta persa se perfeccionaron los qanats, túneles que captaban el agua del deshielo a kilómetros de distancia, haciendo viable la vida en zonas desérticas. Desde entonces, la historia de la región ha girado sobre esa tensión fundacional: montaña frente a valle, escasez frente a desbordamiento.
Hace 2576 años, Ciro el Grande fundó el Imperio persa e instauró un gobierno tolerante con la diversidad cultural. A diferencia de los asirios, que dominaban mediante el terror y el desplazamiento forzoso, los persas permitieron a los pueblos conquistados conservar dioses, lenguas y costumbres, creando la primera fórmula de unidad imperial con autonomía cultural.
Tras Ciro, Persia se convirtió en guardiana de los caminos. El Camino Real, con sus 2700 km desde Sardes hasta Susa, antecedió a la Ruta de la Seda y durante un milenio, bajo partos y sasánidas, Irán miró de igual a igual al Imperio romano al controlar el eje euroasiático central. Persia era la bisagra continental inexpugnable, que nunca fue asimilada ni por la cultura de Alejandro ni por el poder de Roma.
Tras el colapso del Imperio sasánida entre los años 633 y 651 ante el ímpetu árabe, Persia demostró una resistencia cultural singular: no se arabizó, sino que islamizó a sus conquistadores. La administración, la refinada etiqueta cortesana, la poesía y la profundidad filosófica que definieron el Siglo de Oro islámico llevaban una indeleble impronta persa, convirtiendo al antiguo vencido en el maestro intelectual del nuevo mundo islámico.
En 1501, la dinastía safávida transformó esta identidad cultural en una estructura política cerrada al imponer el chiísmo duodecimano como religión estatal. Esta maniobra fue un acto de soberanía teológico similar a la Paz de Augsburgo (1555): la religión del príncipe determina la de sus súbditos, consolidando así las fronteras nacionales. De este modo, Persia se separó estratégicamente de los otomanos suníes al oeste y de los mogoles al este, construyendo una identidad diferenciada. Desde aquel momento, Irán comenzó a concebirse a sí mismo como «jazīrat al-islām», una suerte de fortaleza teológica cuya proyección actual puede rastrearse hasta el denominado «Eje de Resistencia». Esta autopercepción guarda un paralelismo histórico exacto con la manera en que la Europa moderna se proclamó a sí misma como «Respublica Christiana», un bloque espiritual y político que buscaba legitimarse y protegerse frente a la amenaza de los turcos y de quienes consideraba disidentes internos o herejes. El resultado fue la creación de un Estado-nación que, bajo el manto de la fe, protegía un núcleo cultural milenario frente a las presiones de un entorno hostil. La religión legitimó existencialmente intereses estratégicos entonces, y ahora.
Entre 1794 y 1925, tras el colapso safávida, Persia sufrió la debilidad de la dinastía Qayar . El Imperio, lastrado por la corrupción cortesana, el despilfarro y los monopolios extranjeros, se vio reducido a una condición semicolonial, sufriendo la pérdida de Georgia, Armenia y el Azerbaiyán caucásico como resultado de las guerras ruso-persas reflejado en los tratados de Gulistán (1813) y Turkmenchay (1828).
Entre 1856 y 1857 se produjo la guerra anglo-persa por el control de las rutas hacia la India. Mediante el Tratado de París (1857), Persia cedió Herat y reconoció la independencia afgana, además de pagar una indemnización de tres millones de libras de la época (unos 2000 millones de euros actuales, calculado por poder adquisitivo relativo al PIB) en pleno «Pánico de 1857». Este escenario convirtió a Asia Central en el tablero del «Gran Juego», donde británicos y rusos disputaron el acceso a la India y a los puertos de aguas cálidas.
En el siglo XX, el petróleo transformó la geopolítica: en 1908 el subsuelo de Juzestán pasó a valer más para Londres que sus habitantes. La Anglo-Persian Oil Company convirtió a Persia en objetivo estratégico, provocando la invasión anglosoviética de 1941 ante la germanofilia de Reza Shah, que buscaba modernizar Irán reduciendo la influencia de Gran Bretaña y la URSS. Los aliados lo depusieron para instalar a su hijo Mohammad Reza, asegurando así el suministro de crudo durante la contienda.
En 1953, dos décadas después, la CIA y el MI6 orquestaron la Operación Ajax para derrocar a Mosaddeq tras su intento de nacionalizar el petróleo iraní. Este golpe transformó a Estados Unidos en el sostén de la autocracia del Sah y su temida policía secreta, la SAVAK.
Además, el Sah mantuvo desde 1957 una alianza nuclear secreta con Israel mediante el Proyecto Flower para contener el panarabismo de Nasser en un pragmatismo de élites inexplicado.
Por otra parte, la modernización del Sah erosionó sus apoyos tradicionales al expropiar tierras a la aristocracia clerical mediante una reforma agraria que Jomeini capitalizó.
El producto, que no la suma, de todos esos factores, —especialmente la traición de Occidente (Operación AJAX) y la posterior represión—, culminará en un resentimiento popular que alimentó la Revolución Islámica de 1979 que a su vez justifica el relato teleológico de Israel como «cáncer sionista y pequeño satán» y gendarme de EE. UU. «el gran satán», en la región.
En 1978, una coalición heterogénea de marxistas, liberales y religiosos derrocó la monarquía, poniendo fin a milenios de tradición dinástica en enero de 1979. La posterior toma de la embajada estadounidense consolidó la teocracia, transformando una revolución de masas en un régimen de estricto control clerical.
La guerra iniciada por Irak (1980 a 1988) con apoyo occidental y del Golfo, sumada al silencio de Washington ante el uso de armas químicas y sus sanciones, radicalizó el sentimiento antiestadounidense. El millón de muertos consolidó una narrativa de sacrificio que forjó la doctrina de defensa profunda para evitar nuevos conflictos en suelo propio. De este trauma surgieron aliados estratégicos como Hezbolá (Líbano, 1982), la Organización Badr (Irak, 1982), los Fatemiyún (Siria, 2012) y el apoyo a los hutíes en Yemen.
Todo ello lleva a conformar un relato de situación de cerco estratégico que, conecta con la conciencia histórica profunda de Irán, que profetizada primero, es finalmente sellada con los Acuerdos de Abraham.
Paradójicamente, las invasiones de EE. UU. en Afganistán (2001) e Irak (2003) eliminaron a los principales enemigos de Teherán, consolidando su influencia hasta el Mediterráneo.
A la lógica westfaliana de fronteras estancas, el mosaico de identidades transnacionales, y las rutas históricas de migración y conquista, hay que añadirles la geografía del crudo, y el reparto étnico del poder. Aunque los persas constituyen el 51% de la población, la integración es asimétrica: mientras los azeríes chiíes ocupan estratos de poder, las minorías suníes sufren un desarrollo desigual y son excluidas de la toma de decisiones. La geografía del crudo agrava esta fractura: el 80% de las reservas terrestres de petróleo y el 90% del gas natural de Irán se concentran en Juzestán y el Golfo Pérsico, regiones de mayoría árabe y baluche que, paradójicamente, presentan los índices de pobreza, desempleo y degradación ambiental más altos del país.
En las urbes, esta fragmentación se traduce en una disonancia entre la identidad islámica oficial y un nacionalismo de resistencia. No es casual que la lectura del legado histórico se instrumentalice de forma opuesta conforme a quien lo invoque: el régimen teocrático como ancestro de la jazīrat al-islām contra el denominado Gran Satán, mientras la juventud urbana lo utiliza como símbolo preislámico de resistencia frente a la teocracia. A diferencia de las protestas de 2022, el ciclo 2025-2026 ha sido detonado por un colapso económico extremo —con una inflación superior al 40%— y la incapacidad del Estado para suministrar agua y electricidad básica, rompiendo con la obligación islámica «del cuidado del rebaño por parte del pastor» (Maslaha al-Ammah). Informes de la ONU y Amnistía Internacional denuncian una represión sin precedentes para ocultar masacres en las periferias. Esta violencia ha dejado una herida abierta que cuestiona la legitimidad de la teocracia frente a una población que reclama no solo libertad, sino recursos vitales para la supervivencia.
La desertificación estructural ha transformado el mapa de la disidencia. En el este y sur de Irán, la desecación de humedales y el agotamiento de acuíferos han provocado desplazamientos masivos de población, intensificando el malestar en las provincias de Sistán y Baluchistán. Esta crisis hídrica ha escalado hasta el borde de la guerra con los talibanes por el reparto de las aguas del río Helmand. A pesar de los tratados históricos, la construcción de presas en Afganistán y la gestión unilateral del caudal han generado choques fronterizos armados en 2025, dejando a Teherán en una posición de vulnerabilidad: no puede permitirse un conflicto abierto en su frontera oriental mientras intenta sostener su influencia en el Levante y sofocar la insurrección interna.
Esta crisis de supervivencia existencial pone en jaque la proyección exterior por un doble motivo: su expansión en Irak, Siria y Líbano es percibida por amplios sectores árabes como una forma de dominación externa, e internamente, drena recursos necesarios en casa. La arquitectura defensiva iraní enfrenta así contradicciones políticas y éticas: al priorizar el gasto militar en el extranjero o reprimir protestas en Bagdad y Beirut, el régimen victimiza a las poblaciones que su retórica afirma proteger. La fractura interna obliga hoy a Teherán a una elección existencial: mantener su red de milicias o evitar la implosión de su propio núcleo central por sed y hambre. Cabe preguntarse si la única forma de proteger la vida (Hifz al-Nafs) de la ciudadanía iraní pasa por el gasto militar iraní desde la revolución, ejemplo paradigmático del dilema de «cañones o mantequilla».
La narrativa de la guerra suele centrarse en sus partes: el conteo de víctimas civiles, bombardeos y las denuncias de crímenes de guerra, siempre del otro bando. Es la neblina informativa de las partes. Habitualmente no se aborda su origen, o si acaso se pone el acento en las consecuencias para la economía. En el caso que nos ocupa, centrando la explicación en las rutas del gas, del petróleo y otros insumos.
Sin embargo, el núcleo conceptual de esta guerra es quién va a detentar la hegemonía en el (des)orden mundial que está en proceso, del cual la soberanía energética es clave de bóveda.
El núcleo del orden de posguerra en vigor actualmente se resume en dos reglas: petróleo en dólares y rutas bajo tutela de la Armada estadounidense, lo que nos permite establecer algunas ideas claras y distintas:
1.- El responsable directo primero de esta guerra es Estados Unidos, que mediante un sistema de sanciones unilaterales —que ningunea la legalidad internacional y los tribunales multilaterales— ha forzado la exclusión de Irán de los circuitos financieros, sin menoscabo de la agenda propia de actores como Israel, Rusia y China con intereses específicos.
2.- Esta violencia económica es la causa primera que obliga a Teherán a buscar una economía de supervivencia basada en el oro, el trueque y las monedas locales, aunque parece necesario considerar que ciertas decisiones iraníes —el enriquecimiento de uranio más allá de los límites pactados, y el apoyo sostenido a milicias regionales— posibilitan otros relatos de responsabilidad subsidiaria de Irán.
3.- En este escenario de asfixia provocado por Washington, China y Rusia actúan como aliados interesados —no existen aliados desinteresados, aunque sí algunos que se presentan como tales, pero no actúan en concordancia— sino que aprovechan la vulnerabilidad iraní para imponerle una posición de «socio subordinado». Al ser el último garante de la deuda iraní, China asegura suministros energéticos con descuentos masivos de hasta el 30%, mientras Rusia utiliza la geografía iraní como su único corredor seguro hacia el Índico.
4.- La transición hacia rutas terrestres euroasiáticas ha sido, por tanto, una respuesta forzada a un bloqueo marítimo y financiero promovido por EE. UU.
5.- Para los países de Asia Central, la guerra es un dilema existencial. No desean el colapso de Irán, pues perderían su salida estratégica al mar, pero la política de confrontación de EE. UU. e Israel los sitúa en una zona de riesgo constante.
6.- Europa, por su parte, se encuentra atrapada en una contradicción: su industria clama por la energía de la región, pero su absoluta dependencia de la arquitectura financiera y de seguridad estadounidense le impide validar las rutas terrestres que atraviesan suelo iraní, condenándola a una pérdida de competitividad frente al bloque asiático.
7.- Esta dependencia, sin embargo, no es únicamente un destino geopolítico impuesto desde fuera: es también el resultado de decisiones internas que la UE ha tomado o eludido —la fragmentación crónica de su política exterior común, la resistencia de los estados del Este europeo a cualquier autonomía estratégica respecto a Washington, la incapacidad del Consejo Europeo para articular una posición unificada sobre Irán tras el abandono estadounidense del JCPOA en 2018. La UE no es solo víctima de la pinza geopolítica: es corresponsable de su propia marginalización.
8.- Lo que se disputa en 2026, es si el comercio seguirá bajo las reglas actuales por su corredor marítimo en un sistema de globalizaciones parciales conforme a zonas de influencia.
9.- A largo plazo, hay que dar por sentado que existirán dos circuitos comerciales: IMEC y BRI, aunque la viabilidad de ambos dependerá de potencias intermedias que busquen operar en la intersección de ambos bloques para preservar su propia autonomía.
El Corredor Económico India-Oriente Medio-Europa (IMEC) en fase de proyecto actualizaría el actual circuito a partir de un ambicioso proyecto de infraestructura ferroviaria, marítima y de cableado digital lanzado en el G20 de 2023. Busca conectar India con Europa a través de Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Jordania e Israel, funcionando como alternativa rápida a la Ruta de la Seda china y el Canal de Suez. Está por ver cómo afecta la guerra actual al IMEC, dado el papel de Israel como agente disruptivo en la región y como afecta ello a sus relaciones con las monarquías petroleras. Si el IMEC fracasara en su dimensión comercial, Washington e Israel podrían verse tentados a utilizarlo exclusivamente como una barrera de contención militar, lo que invalidaría cualquier posibilidad de estabilidad en el Mediterráneo oriental y el Golfo. Debemos señalar que EE.UU. e Israel no han calculado conforme a los intereses que proclaman el riesgo de asfixia financiera para el IMEC por sus propias acciones, si las monarquías del Golfo, ante la inestabilidad provocada por Israel en 2026, deciden priorizar su seguridad interna y diversificar sus fondos hacia el bloque BRICS+, dejando a Washington como único financiador de un corredor que pasaría de ser comercial a ser puramente logístico-militar.
La Nueva Ruta de la Seda, o Iniciativa de la Franja y la Ruta (BRI), es un proyecto global de infraestructura y cooperación lanzado por China en 2013. Busca conectar Asia con Europa, África y América Latina mediante redes terrestres y marítimas, impulsando el comercio y el turismo, expandiendo la influencia económica y política de Pekín. Por ejemplo, el tren mercancías semanal que une Yiwu con Madrid: 13.052 km, 16 días, vía Kazajistán-Rusia-Polonia-Francia, operando regularmente desde 2014.
10.-El grado de acuerdo y desacuerdo que exista entre los promotores de ambas rutas condicionará la necesidad—por otra parte, existencial— de actuar frente a los grandes desafíos medioambientales.
Los bombardeos del 28 de febrero de 2026 hasta la fecha no pueden comprenderse sin el encadenamiento de los actos que los preceden. El 7 de octubre de 2023, el ataque de Hamás desde Gaza desencadenó una respuesta israelí asimétrica y genocida que desmanteló gran parte de la estructura del Eje de Resistencia: Hezbolá sufrió la decapitación de su cúpula militar, Hamás perdió buena parte de su capacidad operativa en Gaza, y el régimen de Assad cayó en Damasco, cortando el corredor sirio que unía Teherán con el Mediterráneo. Para Irán, la erosión de su sistema de proyección regional representó el mayor retroceso estratégico desde la guerra con Irak. Fue en ese contexto de vulnerabilidad estratégica acumulada bajo un estado de asfixia interna y económica crítica —y no en posición de fuerza— donde se reanudaron las negociaciones sobre el programa nuclear.
La acción militar del 28 de febrero, ejecutada mientras conversaciones diplomáticas se hallaban en curso, no tiene precedente exacto en la historia reciente, pero evoca el ataque israelí contra el reactor nuclear iraquí de Osirak en 1981: un golpe preventivo destinado a eliminar una presunta capacidad antes de que se vuelva irreversible, ejecutado al margen de cualquier proceso diplomático en vigor y al margen del derecho internacional y humanitario, y posiblemente de cualquier esquema racional de investigación.
Lo que diferencia el caso de 2026 es su escala y su patrocinio: no fue una operación quirúrgica, sino una campaña de bombardeos de amplio espectro, y la ejecución conjunta por EE. UU. e Israel supone un nivel de implicación directa que Washington había evitado durante décadas. La pregunta que cabe hacerse es si el paso de «operación quirúrgica a campaña de amplio espectro» en 2026, busca degradar infraestructuras civiles de doble uso, transformando esa «prevención nuclear» en un programa de demolición estatal que acelere el colapso social, en una estrategia de promoción de la guerra civil. Gaza es el ejemplo inmediato.
El abandono unilateral del Plan de Acción Integral Conjunto (JCPOA) por parte de EE.UU. en 2018, es percibido en Teherán como el penúltimo eslabón de una cadena iniciada en 1953. Aunque hay que añadir, que EE.UU., no solo buscaba presionar a Irán, sino expulsar a la industria europea del mercado iraní, ninguneando a la UE como actor estratégico.
Este «ninguneo» de EE. UU. fue el precedente ignorado que culminó en una pinza geopolítica: la convergencia de intereses con Rusia tras la invasión de Ucrania, forzando a Europa a perder su autonomía energética y sus mercados de inversión simultáneamente, coadyuvando a la desindustrialización acelerada de la UE, que hoy depende críticamente del gas natural licuado estadounidense y carece de voz en las mesas de negociación donde se decide el mapa de Eurasia.
La guerra actual es el choque entre un orden que busca mantener las rutas marítimas bajo control occidental y un bloque euroasiático que pretende reconstruir las rutas terrestres de la antigüedad. Los bombardeos contra Irán son un intento de romper el puente que une a China con Europa.
En este tablero disputan todas las potencias regionales y con intereses divergentes. India ha visto cómo su inversión en el puerto de Chabahar queda atrapada en medio de la zona de combate. Rusia interviene para romper su propio aislamiento, aunque un Irán demasiado fuerte competiría en los mercados europeos de gas. China no quiere una guerra abierta que corte sus suministros, pero sí un Irán lo suficientemente fuerte para desafiar el orden estadounidense y lo suficientemente débil para no imponer sus condiciones en el Golfo Pérsico.
Lo que los titulares proclaman y lo que no se cuenta deja ver una simetría inquietante. Tanto Irán, como Israel y EE.UU. —en su retórica— han abandonado en gran medida la política, o la han reducido a relato épico, furia y videojuego para refugiarse en una cosmovisión del mundo gnóstica y maniquea donde el adversario es un error de la creación que debe erradicarse.
Israel ha construido su propio relato de larga duración, tan cargado de trauma como el iraní: una nación surgida del exterminio sistemático —la Shoah— en un territorio en disputa que, desde su fundación en 1948, ha gestionado una inseguridad existencial real mediante una doctrina de supremacía militar que, paradójicamente, ha reproducido hacia los palestinos parte de la lógica de exclusión que definió su propio trauma fundacional. La narrativa fundacional etiqueta a Irán como encarnación del Amalek bíblico. Irán contesta con el espejo inverso: su Eje de Resistencia designa a Israel como un virus cancerígeno.
Ambas concepciones teológicas comparten la falacia del vencedor absoluto. Pero ni la victoria de uno ni la del otro podrían sostenerse sin generar un vacío aún más devastador. Un Irán balcanizado liberaría a los señores de la guerra pastunes y a las facciones yihadistas suníes que comprometerían todo el orden regional.
La filosofía moral nos enseña que no basta con explicar: necesitamos comprender los relatos que cada parte construye, porque son el armazón simbólico que permite sostener el sacrificio, y es en ese contexto, donde declaramos que tratar de comprender estas genealogías ni implica que absolvamos, justifiquemos, y mucho menos legitimemos las acciones de los distintos actores contrarias al orden jurídico internacional por muy imperfecto que este sea, y menos las violaciones directas de la DUDH.
Jürgen Habermas sostiene que la legitimidad política no puede fundarse en certezas absolutas, sino en procedimientos de deliberación pública y en el respeto a un derecho internacional que limite la soberanía estatal allí donde se violan derechos humanos fundamentales.
La política recupera su sentido cuando acepta someterse a reglas que ninguna de las partes puede modificar unilateralmente. Estos intereses explican por qué el conflicto no se transforma. El problema estructural es que tanto el sistema iraní —donde la deliberación pública está bloqueada por la tutela del Velayat-e Faqih (pilar doctrinal de la República Islámica, Jomeini, 1979) — como el régimen de sanciones unilaterales —que excluye a Teherán del espacio discursivo internacional donde se «negocian», las normas— reproducen exactamente la condición que Habermas identifica como origen de la ilegitimidad: la imposibilidad de participar en el procedimiento que determina las reglas a las que uno es sometido. Conclusión: esta guerra no puede resolverse desde dentro de sus propios marcos.
Israel presenta su lucha como defensa de la única democracia de Oriente Medio contra un régimen que promete repetir el Holocausto; Irán relata su historia como resistencia continua contra el colonialismo, primero británico, luego estadounidense, ahora sionista. Ambos relatos convierten al adversario en una excepción monstruosa.
Comprender estos relatos solo significa situarse en la posibilidad de mediación. La tradición occidental, desde Kant hasta Arendt, insiste en que la política auténtica comienza cuando los seres humanos reconocen su pluralidad. La tradición islámica, en sus corrientes sufíes, aporta otra clave: Rumi situaba la verdadera guerra espiritual no contra el otro, sino contra la propia soberbia. Y desde el pensamiento del Sur Global, Gandhi o Mandela enseñaron que la mediación consiste en crear las condiciones para que cada parte reconozca en la otra una humanidad tan frágil como la propia.
Necesitamos desmontar la sacralización del territorio, admitir que los intereses pueden encauzarse en marcos de reciprocidad, y apostar por lo que podríamos llamar «paces comerciales»: no porque el comercio redima moralmente, sino porque los actores con capacidad de presión —China, India, Turquía, los estados del Golfo— no cargan con sus mitologías fundacionales. Pekín necesita gasoductos seguros más que salmos vengadores; Nueva Delhi precisa energía iraní sin intervenir en querellas tribales. Turquía ocupa en este mapa una posición singular que merece atención específica: su narrativa neo-otomana y su membresía simultánea en la OTAN y en organismos como la Organización de Cooperación de Shanghái la sitúan como la intermediaria estructural que ningún otro actor puede replicar. El mecanismo más inmediato sería una conferencia de garantías multilaterales —con participación de China, India, Turquía y los estados del Golfo, con la UE como observadora— que separase la cuestión nuclear de la cuestión de influencia regional, permitiendo negociar la primera sin exigir la rendición simbólica del eje chií como condición previa. El precedente existe: es el mismo principio de compartimentación temática que permitió los Acuerdos de Helsinki en 1975, cuando la URSS y Occidente acordaron reglas de convivencia sin resolver primero sus diferencias fundamentales.
La filosofía moral no ofrece soluciones técnicas, pero proporciona principios: la convicción de que la política tiene sentido solo si es capaz de evitar el peor de los males: la falacia del vencedor absoluto. Si ambos bandos han llegado a creer que su propia supervivencia exige la desaparición del otro, habrá que recordarles que ninguna victoria escatológica ha sobrevivido a su propio triunfo. La dignidad del otro es el límite que ninguna promesa de redención puede traspasar sin convertirse en su propio envés. Si la historia no es un guion divino que exige el sacrificio del adversario, la política puede recuperar su oficio esencial: negociar límites donde sobrevivan ambas partes. «El Gran Juego del siglo XIX» terminaba con mapas repartidos entre vencedores; el del XXI podría acabar con un tablero roto donde ni mezquitas, templos, y sinagogas, ni los pozos de petróleo vuelvan a ser útiles a nadie. Frente a ese abismo, la vuelta al multilateralismo y la exigencia de que el derecho internacional recupere su vigencia no son utopías, sino la única garantía de que la guerra, cuando termine, no haya borrado las condiciones para una paz habitable.
