Por Marisa Clarisa
El pasado miércoles 14 de octubre, CSIF, CGT, CCOO, HUSTE-STEA, UGT y ANPE llamaron a la huelga a la enseñanza pública de la provincia, unos 3.800 docentes según CSIF, para pedir cambios en la Inspección Educativa y la salida de su jefe provincial, Ignacio Polo. El Departamento de Educación, por su parte, defiende la labor de la Inspección y su independencia.
La jornada
La plaza de Cervantes se llenó a mediodía de docentes, alumnos y familias para escuchar la lectura del manifiesto. Por la tarde, a las seis, la manifestación salió de la plaza de Santo Domingo, recorrió el Coso Bajo y los Porches de Galicia y terminó en la plaza de Navarra. Diario de Huesca habló de cerca de 2.000 personas.
Con el seguimiento pasó lo de siempre: cada parte dio su cifra. Educación hablaba a la una de la tarde de un 24,1 % (casi un 30 % en Secundaria y un 17,6 % en Primaria) y cerró el día con un 30,27 %. Los sindicatos lo situaron por encima de la mitad de la plantilla.
Qué piden
La petición que más se escuchó fue el cese del inspector jefe, pero el manifiesto va más allá. Según recoge Diario de Huesca, los sindicatos quieren que desaparezcan los llamados «mínimos imprescindibles», unos documentos que, denuncian, solo se exigen en esta provincia. Piden también que la Inspección aplique los mismos criterios en Huesca, Zaragoza y Teruel y que una revisión externa e independiente estudie las sanciones más polémicas.
En el fondo, lo que reclaman es otra forma de inspeccionar, más pensada para asesorar y acompañar a los centros que para vigilarlos. El texto se cierra con dos exigencias más: respeto a la autonomía profesional del profesorado y garantías para ejercer la actividad sindical sin miedo a represalias.
Para ilustrar lo que consideran excesos, los convocantes pusieron varios ejemplos. A la dirección de un centro le cayó un apercibimiento por dar la palabra en el consejo escolar a la presidenta del AMPA, que había acudido como invitada. Otro docente fue apercibido por hacer una encuesta con un formulario de Google, y la dirección también, por permitirlo, aunque el formulario se retiró en cuanto se advirtió que no era el formato adecuado. Citaron, además, el expediente abierto a un profesor por recoger firmas de apoyo a sus compañeros del Ramón y Cajal.
El caso del IES Ramón y Cajal
Para entender por qué el nombre del inspector jefe se coreaba en la calle hay que volver a noviembre de 2024. Un docente del instituto, miembro de CGT, lo contó entonces a elDiario.es: el 28 de noviembre, Polo acudió como padre a una tutoría y allí le dijeron que su hijo iba a suspender Matemáticas.
Lo que vino después, siempre según ese relato, fue una reunión en el centro a la que no se convocó a la profesora y un cambio en los criterios de evaluación del departamento. Con los nuevos criterios, su hijo y otros alumnos habrían aprobado. La profesora, según publicó Diario de Huesca, acabó presentando una denuncia por acoso laboral contra el inspector jefe.
Educación salió en defensa del inspector. Según su versión, fue la directora quien pidió la reunión, a raíz de quejas de algunas familias. La directora lo negó: ni la había solicitado ni le constaba ninguna queja oficial. CGT pidió que se investigara si había motivo para un expediente sancionador y, meses más tarde, Diario de Huesca informó de que el Departamento había abierto una investigación. Su resultado no aparece en las informaciones publicadas.
El expediente a Sergio Martínez
El otro nombre propio de la jornada fue el de Sergio Martínez, conocido como Pichi. Es profesor de Geografía e Historia en el Ramón y Cajal y secretario provincial de CGT, y la Administración ha propuesto suspenderle de empleo y sueldo durante diez meses.
Los sindicatos sostienen que el expediente nace de unas declaraciones suyas en prensa sobre una presunta irregularidad de la Jefatura de Inspección en el instituto, y lo ven como una represalia por su trabajo sindical. La resolución todavía no es firme. En la plaza de Cervantes, seis de sus alumnos, que se hacen llamar «Libres de censura», subieron a hablar en su defensa.
La posición de Educación
La consejera de Educación, Carmen Susín, no piensa intervenir. En las Cortes ha defendido que los inspectores deben tener independencia de criterio y que esa independencia protege también al profesorado. Como aval, sacó un dato: el 80 % de los directores de centros de la provincia pone a la Inspección un 4 sobre 5.
A los sindicatos el argumento no les convence. Recuerdan que a la Jefatura de Inspección la nombra el secretario general técnico del Departamento, y se quejan de que la consejera ni siquiera contestó a la petición de reunión que registraron antes de la huelga.
Las cifras también están en disputa. Según los datos que el propio Departamento entregó a Chunta Aragonesista, desde el curso 2023-2024 se han abierto 48 expedientes a docentes en Huesca, más que en Zaragoza (21) y Teruel (11) juntas. Educación acusó a CHA de leer esos datos por provincias de forma interesada.
Servicios mínimos
La huelga tuvo también su capítulo judicial. Educación fijó unos servicios mínimos del 25 % del profesorado en una orden que no se publicó en el BOA hasta el 13 de octubre, la víspera del paro. CGT la recurrió, pero el TSJ de Aragón no la suspendió, aunque reconoció en su auto que la orden no justificaba de forma concreta ese porcentaje.
