Por José Antonio Díaz
La inmigración, utilizada como pretexto por la extrema derecha en España y Cataluña, arrastra al PP y a JxC hacia tácticas identitarias en el debate electoral mediante discursos basados en el miedo y la exclusión. Ignoran la dualización económica y fomentan la polarización política.
Vamos a ocuparnos de la forma en que se cuentan las migraciones en 2025, pero ello requiere un excurso…
José Antonio Díaz Díaz
Corresponsal del Pollo Urbano en Santa Cruz de Tenerife. Islas Canarias.
…introductorio sobre la información y la infodemia.
Esta se ha convertido por mor de la tecnología y los intereses en un bucle sin fin, de 24 horas 365 días. Una noria de la que el común desconoce sus engranajes y objetivos. Representamos una versión moderna del asno de Buridán, —y al igual que este terminó muriendo de sed e inanición por ser incapaz de elegir entre dos raciones iguales de heno y agua—, nosotros moriremos de infodemia por nuestra incapacidad —creada y potenciada ad hoc por quienes mueven la noria—de elegir entre lo verosímil y lo falso. El mensajero es el mensaje, —y el 70% de estos—, carecen de valor de uso, utilidad y veracidad, aunque no para el mensajero, que explota su valor instrumental y de cambio como herramientas publicitarias y políticas. Informarse requiere tiempo, paciencia y búsqueda de la verdad.
Partimos de dos observaciones y cuatro preguntas. La primera, la derecha conservadora en España, —no toda—, ha asumido el relato antimigratorio de la extrema derecha. La segunda, tal posición es absolutamente incoherente con su programa económico: las migraciones de cupo, —conforme a las demandas del mercado laboral—, reduciendo a los migrantes a mano de obra barata. Una constante histórica de la que la España inmigrante sabe mucho. ¿El giro migratorio de los conservadores es meramente instrumental y falsario? ¿Solo pretenden competir con las extremas derechas en términos electorales? ¿A quiénes perjudica? ¿Beneficia a alguien?
El análisis se acota al año 2025, —con alguna referencia a 2024 por exigencia discursiva—, ya que este periodo resulta suficiente para argumentar las observaciones y responder a las preguntas planteadas, proporcionando un contexto actualizado y relevante para entender el giro migratorio de la derecha conservadora en España y sus implicaciones políticas y sociales.
Enero de 2025, Junts per Catalunya exigió gestión «integral» de la inmigración en Cataluña, reclamando competencias plenas para controlar flujos migratorios y sostener su proyecto político.
Abril, Aliança Catalana ha copiado un marco de debate —compatible con una simbología y retórica neonazi—, en coherencia con la extrema derecha europea donde se promueve simbólicamente la expulsión de inmigrantes «ilegales y delincuentes», mostrando un billete de avión ficticio para devolverlos a los países de origen. Una fórmula que los nazis habían utilizado en (1930s), para promover la repatriación de ciudadanos judíos a Jerusalén, pero con un billete de tren «gratuito».
En mayo, VOX propone la reforma del arraigo y las expulsiones inmediatas de inmigrantes con antecedentes penales, un discurso que conceptualiza a los inmigrantes como «una amenaza a la seguridad», lo que permite categorizar a estos conforme a la semejanza cultural que posean con una presunta cultura patria. Este marco discursivo diferencia entre inmigrantes «aceptables» —culturales y étnicamente compatibles— y «no aceptables», legitimando medidas restrictivas y excluyentes. La campaña de VOX en 2024 que fue copiada por Aliança Catalana se enmarca en esta estrategia de exclusión y seguridad, con un fuerte componente cultural y étnico para justificar expulsiones y restricciones legales.
Ese mismo mes entró en vigor un nuevo Reglamento de Extranjería, buscando ajustar el sistema migratorio a las realidades laborales y demográficas, marcando un intento oficial de control ordenado y legal.
En julio, VOX radicalizó sus propuestas de forma significativa. El 6 y 7 de julio, señalaron la necesidad de deportar a millones de inmigrantes, reclamando un proceso de «remigración» para «sobrevivir como pueblo». Nótese el recurso a la razón existencial. Posteriormente matizaron e insistieron «en que solo hablaban de expulsar a ilegales, y delincuentes». Aunque a vuelta con los matices, añadieron: «y los inmigrantes legales que no se integren suficientemente en las costumbres españolas».
En septiembre, Junts endurecía su discurso, presionada por Aliança Catalana, para reclamar mayor control de la inmigración en Cataluña.
En octubre, el Partido Popular oficializó su Plan Nacional para una inmigración legal, ordenada y mutuamente beneficiosa, que apuesta por la legalidad, el control riguroso de fronteras, el arraigo condicionado al mérito, la tolerancia cero con la criminalidad y una integración exigente inspirada en los valores democráticos.
También en octubre, Aliança Catalana propuso al Parlament de Cataluña aprobar una resolución donde se insta al Gobierno del Estado a decretar una moratoria en la entrada de inmigración, con el fin de proteger la lengua catalana, reducir el desempleo y garantizar una integración real, efectiva y sostenible; deportar a los inmigrantes delincuentes, repatriar a los inmigrantes ilegales y garantizar el retorno de los menores extranjeros no acompañados a sus países de origen, con sus familias; restringir la política de asilo; y promover, con cooperación internacional, la creación de zonas seguras en África y Oriente Medio para acoger refugiados e inmigrantes económicos fuera del territorio europeo.
Pocos días después, el que fuera presidente del Gobierno y del PP, José María Aznar, advertía de que la extrema derecha había capturado el debate migratorio con discursos xenófobos y populistas. Reafirmó que la inmigración es necesaria para España, por motivos demográficos y económicos, y reclamó liderazgos estratégicos con visión histórica para superar la coyuntura actual.
La política migratoria se ha convertido en el espejo donde las derechas españolas y catalanas se miran y se reconocen. En apariencia, las separa el mapa: unos reclaman la indivisible unidad de España; los otros, un Estado catalán independiente. Pero cuando se aborda la inmigración, sus discursos se confunden y terminan formando un frente común. Comparten la misma pulsión: depurar el territorio de toda alteridad que desafíe su ideal de identidad, sea española o catalana. La pregunta que cabe hacerse es si efectivamente, la negación de la alteridad y el monolito de la identidad son algo más que recursos electorales para promover el voto hacia sus propias siglas y proyecto político.
VOX propone una «repatriación sistemática» de inmigrantes irregulares y el fin del arraigo como vía de regularización. El mensaje es inequívoco: el inmigrante se tolera mientras sirva a la economía sin alterar el imaginario cultural dominante. Nótese que la razón económica no es suficiente, debe estar subordinada a la cuestión, mejor dicho, a las emociones y sentimientos que definen la identidad. La seguridad y la identidad nacional se funden en un mismo relato: el extranjero pasa de ser trabajador necesario a intruso potencial.
Aliança Catalana, el partido identitario de Sílvia Orriols, repite ese ideario con acento catalán. Aunque su «moratoria migratoria» está presuntamente indexada hasta reducir el paro al 10%, ello equivaldría a un cierre virtual de fronteras. La diferencia es solo retórica: donde VOX invoca España, AC invoca Cataluña. En ambos casos, la patria se define por exclusión.
El Partido Popular, más prudente en el lenguaje, ha asumido sin embargo buena parte del marco ideológico de la extrema derecha. Su propuesta de un sistema de «residencia por puntos», que pondera factores económicos y culturales, desplaza el debate del derecho al trabajo o a la vida digna hacia un examen de pertenencia, identitario. La exclusión se burocratiza, la pureza se disfraza de mérito administrativo.
Su análogo Junts per Catalunya reclama competencias migratorias plenas para condicionar la integración al dominio del catalán. De nuevo, la lógica es la misma: quien no comparte el código cultural, queda fuera del proyecto nacional.
Todos los partidos son conscientes del recorrido legal de sus propuestas, y además tienen un espejo donde mirarse: los intentos de la Italia de Meloni de externalizar los centros de inmigrantes en Albania. Los expertos legales coinciden en que estas medidas no son viables jurídicamente, ya que las expulsiones colectivas están prohibidas por el ordenamiento constitucional y los tratados internacionales ratificados por España, a lo que cabe añadir, el proceso legal, que dota de garantías como el derecho a defensa, imposibilitando deportaciones exprés masivas.
Por otra parte el totum revolutum instrumental, donde se mezcla a las personas inmigrantes con situaciones administrativas y penales distintas, solo parece tener una finalidad: promover y alimentar los brotes de violencia xenófoba, aunque posiblemente esa sea también otra razón instrumental, una consecuencia que deviene en causa, transformar a los migrantes en chivos expiatorios de todos los males de la dualización económica, es decir, trasladar la responsabilidad del fracaso del neoliberalismo y el capitalismo a los inmigrantes y a aquella parte de la clase política que defiende sus causas.
Bajo distintas banderas, todos acaban caminando en la misma dirección. La retórica de la identidad —española o catalana— desplaza a la moral, la aritmética y las necesidades de una realidad común y compartida. Ningún partido de los mencionados parece dispuesto a asumir, la agenda moral que nos compromete como país firmante de la DUDH, —recogidos por otra parte en tratados internacionales plasmados en la Constitución y en los respectivos Estatutos territoriales—, y en lo económico parecen obviar sus consecuencias, salvo que estén promoviendo el esclavismo de una parte de la población inmigrante que carecería de cualquier derecho.
En la actual coyuntura económica, obviada la moral, aquí y ahora sin migración no hay cuidados, ni agricultura, ni siquiera una pirámide de edad sostenible a medio plazo y por ello pensiones.
El neofascismo contemporáneo en materia de migraciones se sustenta en la estigmatización del inmigrante como amenaza cultural, económica y de seguridad, la utilización del miedo y la defensa de la identidad nacional como motor político, la promoción de políticas autoritarias y exclusivas, la propaganda y desinformación para consolidar narrativas xenófobas, la desviación de la responsabilidad de problemas estructurales hacia los migrantes, y todo ello adobado en la teoría conspirativa del «gran reemplazo», que postula que las poblaciones europeas están siendo sustituidas por inmigrantes musulmanes, una supuesta amenaza a la «civilización occidental». Esta islamofobia ha sustituido al antisemitismo clásico y ha propiciado alianzas insólitas entre sectores de la extrema derecha europea y grupos vinculados al sionismo radical. Es la nueva agenda de la exclusión y el miedo.
VOX y Aliança Catalana, comparten e incorporan elementos centrales de ese neofascismo como la exaltación de un nacionalismo excluyente, español el uno, catalán el otro, el uso de un lenguaje polarizador y ritualizado, y la demonización de los inmigrantes.
El Partido Popular (PP) propone restringir las regularizaciones migratorias e imponer condiciones estrictas para la integración, dibujando un esquema de «selección» de inmigrantes que encaja con su proyecto económico sin importarle la subordinación de este a la agenda autoritaria de control social de la actual Internacional Transatlántica encarnada en la actual administración de EE.UU.
Junts per Catalunya lo mezcla todo en una estrategia de confusión interesada, enfrentando a catalanes y andaluces, y vinculando la presión demográfica — provocada por los migrantes —con la crisis de los servicios públicos, en un relato economicista, pero que oculta un intento de control identitario exclusivo en la gestión migratoria en Cataluña.
Estas tácticas discursivas y políticas de VOX, AC, PP y JxC contribuyen a legitimar narrativas que limitan la pluralidad, profundizan divisiones sociales y facilitan la expansión de un autoritarismo adaptado a contextos territoriales específicos, y todo ello, bajo una apariencia democrática.
La retórica política suele simplificar el debate migratorio, reduciéndolo a emociones: el miedo provocado por el malestar social demanda seguridad. Pero detrás de esa niebla, los datos muestran una verdad estructural: la economía española depende, de forma profunda e irreversible, de la fuerza laboral y el aporte demográfico de la población extranjera. La dependencia en este modelo de desarrollo y esta coyuntura, de las migraciones no es solo ideológica: cosmopolitismo y justicia social, sino interés vital.
En los sectores cruciales —turismo, hostelería y servicios— los trabajadores extranjeros representan entre el 28 y el 32% del total, según datos de la Encuesta de Población Activa (INE, segundo trimestre de 2024). En zonas de alta intensidad turística, como Canarias o Baleares, la cifra supera el 40%, lo que demuestra que sin esa mano de obra el motor económico del país se ralentizaría hasta detenerse.
La agricultura, otro pilar nacional, se sostiene sobre un 31% de fuerza laboral extranjera, con más de 258.000 afiliados a la Seguridad Social procedentes de otros países. En provincias como Almería o Huelva, el porcentaje supera el 50% en temporada alta. Sin ese engranaje, la seguridad alimentaria y la capacidad exportadora quedarían paralizadas.
Pero la dependencia más conmovedora se halla en el ámbito de los cuidados. El Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) se mantiene gracias a una red silenciosa de trabajadoras migrantes. Entre el 30% y el 41% del personal de atención domiciliaria son mujeres procedentes de América Latina, África o Europa del Este (Ministerio de Derechos Sociales, 2024). Ellas sostienen, literalmente, la vida cotidiana: cuidan a los mayores, limpian los hogares, y hospitales. Sin su trabajo, el sistema colapsaría en cuestión de semanas.
Finalmente, el argumento más sólido es el demográfico. España tiene una tasa de natalidad de 1,16 hijos por mujer, una de las más bajas del mundo, y una edad media de 45 años (Eurostat, 2024). Frente a este envejecimiento acelerado, los más de 3,1 millones de afiliados extranjeros —un 15,2% del total— son el sostén inmediato del sistema público de pensiones. Desde la reforma laboral de 2022, este colectivo ha generado el 41% del nuevo empleo registrado. Sin esta población inmigrante activa, la ecuación fiscal y demográfica del país sería insostenible, afectando no solo al mercado laboral sino también a la viabilidad del sistema sanitario y de pensiones a medio y largo plazo.
Ignorar esta realidad es condenarse al autoengaño: sin migración, no hay futuro económico, ni pensiones, ni sistema sanitario viable. Y, sin embargo, desde las derechas y múltiples canales mediáticos se usan expresiones como «invasión», «oleadas», «efecto llamada» o «sustitución cultural» entre otras, o teorías de la conspiración como el gran reemplazo, o peor aún se identifica al migrante como el enemigo interior. Las cifras —las verdaderas, no las de la propaganda— son el antídoto contra ese miedo fabricado.
VOX ha impulsado una propuesta controvertida para expulsar a millones de inmigrantes de España, un discurso que incluye términos como «invasión migratoria», «remigración» y el «derecho a sobrevivir como pueblo». La formación ultraderechista plantea deportaciones masivas que incluirían incluso a hijos de inmigrantes nacidos en España, bajo la premisa de proteger una identidad nacional amenazada.
«Mal de muchos, consuelo estúpido» El malestar social reclama un análisis que no se hace. Se mira para otro lado, y se desplaza la responsabilidad desde los gobiernos a las oposiciones y desde estas a los anteriores. No se habla de dualización, solo se polariza, se crea neblina que oculta la realidad. En ese baile las derechas en Occidente han vuelto por sus fueros del siglo XX convirtiendo a los migrantes en los chivos expiatorios de hoy. En el Parlamento Europeo, las derechas tradicionales se deslizan hacia la retórica de la ultraderecha, no por convicción ideológica, sino por cálculo electoral. Desde Francia a Dinamarca, los partidos conservadores y hasta los socialdemócratas comparten una misma creencia: creen que, desplazando el centro del tablero hacia el conservadurismo más extremo, podrán competir con la extrema derecha.
VOX ha crecido significativamente, sumando más de cinco puntos porcentuales a costa del Partido Popular, y Aliança Catalana avanza en Cataluña arrebatando casi ocho puntos a Junts per Catalunya. Los conservadores persisten en el corto plazo, y en las estrategias del marketing político, imitando los discursos de la extrema derecha para retener electores. Las izquierdas se enredan entre ellas, y no aplican los diagnósticos que hacen. El Partido Popular y Junts olvidan que el votante suele preferir al original antes que, a la copia, por lo que esta estrategia termina legitimando las propuestas ultras y desplazando el debate hacia posiciones que solo la extrema derecha capitaliza con éxito. O, dicho de otra forma, el tacticismo aleja al electorado moderado, fomenta el desencanto y la abstención, y deja la iniciativa de la originalidad y movilización a ultras y radicales
No existe una «crisis migratoria» objetiva, sino una crisis política de legitimidad. La clase política ha sido incapaz de resolver la desigualdad generada por décadas de austeridad y precarización: un ejemplo, la vivienda, otro el desempleo persistente de jóvenes y mayores y un tercero la privatización de lo público. En su entrega al recetario neoliberal, desplaza la responsabilidad hacia quienes menos poder tienen. Es la distribución de la miseria. En esa lógica, la migración se convierte en cortina de humo: sirve para canalizar la frustración social y reforzar la ilusión de control.
El Pacto Europeo de Migración y Asilo, aprobado en 2024, simboliza esta deriva. Se legitiman las devoluciones en frontera, se externalizan los controles a países del norte de África y se reduce el derecho de asilo. Es un consenso que ha colonizado a la derecha tradicional y parte del socialismo europeo, atrapado en la lógica del miedo. La Europa de los derechos humanos se está transformando en la Europa del miedo, a las migraciones, a Rusia, a China, y a EE.UU. El proyecto de una Unión Europea de poder blando cosmopolita es la única alternativa al desastre que cabe esperar de un mundo gobernado por la actual triada imperial. Y esa triada, tiene una quinta columna, la extrema derecha, y una doctrina la vuelta a la Europa de las naciones.
En ese contexto, España no es una excepción, sino un laboratorio. El discurso antiinmigración de la extrema derecha ha contaminado la agenda pública y desplazado el centro político. El resultado es una narrativa donde la frontera se convierte en símbolo de identidad y la política social en cuestión de seguridad.
Las democracias europeas viven una paradoja estructural: proclaman una soberanía nacional, delegada en parte a la Unión Europea, —y por ello reclamada desde el euroescepticismo radical y extremo—, y por otra parte dependen de la movilidad global del trabajo en determinados sectores económicos. El trabajo migrante es el «reverso oculto de la globalización»: indispensable para sostenerla, pero políticamente negado. España necesita cada año más de 200.000 trabajadores extranjeros para cubrir sectores esenciales, mientras endurece los trámites de arraigo y visado.
El Banco de España (2024) calcula que la población extranjera ha compensado más del 70% del descenso natural de la fuerza laboral desde 2015. En otras palabras: sin migración, el país ya estaría en recesión demográfica. Sin embargo, el relato oficial continúa situando una idea de pseudo seguridad por encima de la evidencia. La frontera física se convierte en frontera moral: la idea de que hay vidas más valiosas que otras.
La identidad nacional ya no se defiende en las aduanas, sino en el discurso y se ejercita en los barrios desde la ciudadanía. La narrativa del miedo, amplificada por redes y medios, redefine la alteridad como amenaza. Achille Mbembe lo advirtió: la política moderna fabrica enemigos para sostener la ficción de unidad. El inmigrante, útil pero invisible, encarna esa figura: necesario para producir, prescindible para pertenecer.
Sin embargo, las cifras desmienten la ficción. Según el INE (2024), más del 16% de la población residente en España ha nacido en el extranjero. Y en Madrid, Barcelona o Las Palmas, la cifra supera el 25%. Esa es la composición real del país. Pretender una identidad «pura» no solo es imposible, sino suicida.
Quizá el mejor antídoto contra la ficción identitaria sea una política de los cuidados. La filósofa Joan Tronto definió el cuidar como el acto más radical de ciudadanía, porque reconoce la vulnerabilidad común. Las trabajadoras migrantes encarnan esa ciudadanía práctica: no la que vota, sino la que sostiene. Son la infraestructura invisible de la vida cotidiana.
El futuro de España —y de Europa— no se juega en los eslóganes de identidad, sino en la capacidad de reconocer que los migrantes no «vienen a quitarnos nada, sino a mantener lo que ya no podemos sostener solos. En la aritmética del presente, la identidad excluyente no suma: resta país.
