Por Jorge Moreno
Prevé multas de hasta un millón de euros por conductas de odio, desprecio o humillación. Será la primera norma de la comunidad que velará por los derechos e igualdades de estos ciudadanos.
Aragón dio un paso al frente y la aprobación en la comunidad de una ley propia para las personas con discapacidad está un poco más cerca después de que el Consejo de Gobierno tomara en conocimiento el Anteproyecto de Ley de Derechos y Atención a las Personas con Discapacidad. Se trata de la primera norma de estas características en la comunidad que promoverá los derechos de estos ciudadanos y cuyo objeto es, según el texto, el desarrollo de una «sociedad inclusiva y accesible» que permita su «pleno desarrollo en igualdad de oportunidades».
La iniciativa ha sido coordinada por el Departamento de Presidencia y presentada por el de Ciudadanía y Derechos Sociales. De este modo, una vez que el anteproyecto supere su trámite administrativo, Aragón dispondrá de una regulación que beneficiará a las personas con discapacidad en los principios de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal y que contempla sanciones económicas en el caso de que no se cumplan sus principios.
Según refleja el anteproyecto, que se estructura en trece títulos, el régimen sancionador establece infracciones que van desde los 300 euros (leves) hasta el millón de euros (muy graves), dependiendo de la gravedad. Entre las multas graves están, por ejemplo, el «trato menos favorable» a las personas con discapacidad en relación a otra; las «vejaciones» por motivo de su discapacidad; o la «coacción, amenaza y represión» sobre los discapacitados.
Por su parte, entre las sanciones muy graves está «toda conducta de acoso» relacionada con la discapacidad; las acciones que «deliberadamente» generen un grave perjuicio económico o profesional para estas personas; las «cargas humillantes» o las «situaciones de riesgo para la integridad física, psíquica o de la salud» de estos ciudadanos. También serán consideradas muy graves, según reza en el documento, las conductas «por odio, desprecio racial, de género, orientación sexual, edad o discapacidad severa» que se comentan contra estas personas.
La aplicación de esta ley será extensiva a situaciones, entre otras, de salud, educación, empleo, servicios sociales, acceso a la vivienda, cultura, o medios de comunicación.
Las mujeres y las niñas con discapacidad tienen un papel destacado en la ley. Así, el artículo 11 detalla que las administraciones públicas deberán «asegurar» que estas puedan «disfrutar plenamente y en igualdad de condiciones» de todos sus derechos y libertades, mientras que las políticas de prevención y atención de la violencia de género recogerán «medidas específicas» para ellas.
Entre otras cuestiones, la DGA tendrá que fomentar los perros guía entre estas personas y «garantizar su libre acceso» a todos los lugares públicos «sin gasto adicional» para los dueños.
