Por Gonzalo del Campo Antolín
La palabra titiriteros siempre me ha gustado porque me trae recuerdos de infancia realmente gratos. Desde nuestra estatura de niños veíamos con extrema simpatía al bueno de Colorín o a Gorgorito, que provistos de su estaca repartían estacazos, tal como decía una de las canciones que acompañaba a las acciones del primer personaje, a la bruja o alguno de aquellos animales semejantes al lobo, que representaba al malo en aquellas bulliciosas representaciones.
Gritábamos con todas nuestras fuerzas para delatar la presencia de los malvados personajes que se acercaban a nuestros héroes de forma taimada y siempre por la espalda, como correspondía a su papel de desalmados, que despertaban nuestro rechazo instintivo e inmediato.
En esos espectáculos no solía haber muchos matices ni grises entre el bueno y entre el malo y el resultado de las acciones de éste siempre acababa de la misma forma, con una somanta de golpes, ruidosamente propinada en la cocorota hasta que quedaba fuera de combate. El bien vencía al mal con una buena dosis de violencia, considerada ejemplar e inocua para los ojos de niños que teníamos entre los dos años y casi la adolescencia. Más tarde vendrían las interminables sesiones de dibujos animados en las que Bugs Bunny hacía algo más que bromas pesadas a sus oponentes y no digamos Correcaminos, donde el Coyote era especialista en manejar explosivos y, preferentemente, la dinamita para intentar acabar con su inalcanzable enemigo.
El episodio vivido por los titiriteros Alfonso y Raúl en torno a la ya famosa pancarta con su lema “Gora Alka-ETA” es el mayor esperpento ocurrido en este ya muy largo periodo de interinidad política del Partido Popular, en el que su mano o su sombra se siguen alargando de manera cansina y, sobre todo, agresiva, bien sea a través directamente de miembros destacados de dicho partido o a través de fieles colaboradores, que no llevan muy bien, como ya ha ocurrido en ocasiones anteriores, eso de perder el control absoluto del poder que han ostentado de forma irrebatible los últimos cuatro años y tres meses. En realidad, no es nada nuevo si tenemos en cuenta los cientos de personas que esperan su turno para ser juzgados por asuntos relacionados con el ejercicio de la libertad de expresión. Parece ser que para cada nuevo caso de corrupción que se destapa se necesita el contrapunto de un acto aborrecible, que sirva de carnaza para toda la maquinaria mediática de radios, televisiones y periódicos afines y títeres del poder, que tan amorosamente les trata con sueldos y prebendas impensables e inalcanzables para los periodistas de a pie, que ni siquiera pueden ejercer la profesión y acaban por dedicarse a cualquier otro trabajo que les dé de comer. A todos nos suenan los nombres de Marhuenda, Jiménez Losantos, Inda, Sanchez Dragó y un largo etcétera de estómagos agradecidos que se han convertido en auténticos reptiles a la sombra del poder, ofidios que se arrastran por una buena pasta y se convierten en perros de presa para lanzar dentelladas a cualquiera que ponga en duda la honestidad de la panda de chorizos que nos han gobernado todo este tiempo o se atrevan a definirles por las actividades delictivas que practican. Por poco que aparente su víctima, ellos la magnifican hasta incluirla en la galería de los monstruos o los horrores más funestos con los que convencer a sus lectores o a su audiencia de quienes son los malos, a los que solo les falta asomar cuernos y rabo, para ser reconocidos como auténticos seres del Averno.
El PP ya dio muestras de su intolerancia en marzo de 2010 cuando en un museo de Valencia se expusieron una serie de imágenes, entre las que había algunas que hacían referencia al caso Gurtel. Varias de ellas, las que más molestaban a los políticos valencianos del partido nombrado, fueron vetadas. Entre ellas aparecía la imagen de Rita Barberá acompañando a su amigo Camps, de la que Juan José Millás hizo un pequeño artículo, estableciendo ciertas similitudes con la famosa foto de Franco y Millán Astray vociferantes.
En 2012 se juzgó a Javier Krahe y a Monserrat Fernández Villa por el video “Como cocinar a un Cristo”. Fueron denunciados por el centro de Estudios Jurídicos Tomas Moro por herir los sentimientos religiosos (artículo 525 del Código Penal) En el vídeo aparece Javier Krahe en 1978 y fue emitido el 14 de diciembre de 2004. En él se narraba con imágenes cómo desprender a un Cristo de una cruz para a continuación asegurar que «los estigmas podían mecharse con tocino». La fiscal del caso dijo que no formularía acusación, porque no veía delito, y el juicio quedó visto para sentencia después de dos horas. En la sentencia el juez subrayaba que la película casera objeto de la demanda fue el resultado del legítimo ejercicio de una expresión artística que «con un componente burlesco, hizo una crítica del fenómeno religioso en nuestra sociedad».
Tiempo después, en 2014, el equipo de gobierno del ayuntamiento de Salamanca, también del PP, suspendió una muestra artística en la que Mariano Rajoy y la infanta Cristina aparecían luciendo, a modo de diademas, sendos zurullos sobre sus respectivas cabezas. La decisión se tomó tras constatar “el público eminentemente familiar que acudía a dicho espacio”. El pintor aseguró que envió suficiente información sobre la exposición para que supieran de su contenido. Quizá, en su ingenuidad, pensó que las autoridades salmantinas leerían algo más que “el Marca”.
En el año 2015 ya se anunciaba lo que iba a pasar cuando entrase en vigor la ley Mordaza con casos como el de Facu Díaz, simpatizante de IU y humorista del programa La Tuerka News. En esta ocasión el juez archivó su caso definitivamente apenas dos horas después de tomarle declaración. Al PP ya le había dado tiempo para decir, atacando a Podemos, que sus dirigentes “no tenían derecho a despreciar y burlarse de las víctimas de ETA”. Más tarde fue Guillermo Zapata, concejal del ayuntamiento de Madrid, acusado de delito terrorista por unos twits vejatorios contra algunas víctimas de ETA. Luego le tocó el turno a César Montaña Lehman, líder del grupo Def con Dos al que acusaron de lo mismo por varios twits. Los instructores desestimaron las acusaciones contra ambos, pero la Sala de lo Penal obligó a los magistrados a reabrir las causas y procesarles.
En noviembre de 2015, el artista Abel Azcona realizó en Pamplona un montaje de 242 hostias formando la palabra PEDERASTIA. La reacción por parte de la sociedad pamplonesa más conservadora fue como se podía esperar. “¿Qué hay más evidente del fundamentalismo que 2.000 personas rezando el rosario en la puerta y que acabe yo sentado en un tribunal?”, dijo Azcona a la puerta del juzgado a donde fue a parar después de la denuncia por parte de “Abogados Cristianos”.
El día 18 de febrero se juzga a Rita Mestre por “herir los sentimientos religiosos” cuando irrumpió en una capilla de la Universidad Complutense con otras cuantas activistas. En este caso la querella la puso el sindicato “Manos Limpias Alternativa Española” y el centro Tomas Moro. Tanto este caso como el del concejal Zapata han servido para arremeter contra el equipo de gobierno del ayuntamiento de Madrid y, de paso, pedir la dimisión de la alcaldesa de Madrid Manuela Carmena.
El caso de los titiriteros ha traído consigo, además de otra vuelta a cargar contra la sufrida Manuela, la censura directa y contundente de otros actos y espectáculos culturales o al menos su descalificación feroz. Así ha sido en el caso de los versos de la poetisa Dolors Miquel, dedicados a la lucha de las mujeres contra el patriarcado. (La lectura de dichos versos provocó una procesión de 200 personas con talismanes católicos que se habían sentido ofendidos por creer que el poema Mare Nostra se burlaba de una oración cristiana. En aquellos casos como en este se ha querido sacar partido político, al pedir la dimisión de las dos alcaldesas recién salidas de las urnas.
La historia se ha repetido cuando el Ayuntamiento de Cartaya (Huelva) canceló la representación de la obra “La mirada del otro”, programada para el 9 de abril. Esta obra aborda los encuentros entre víctimas de ETA y arrepentidos de la banda terrorista en la cárcel de Nanclares de Oca (Álava) entre 2011 y 2012. La concejalía de Cultura defendió que esta decisión se tomó por motivos «estrictamente técnicos», pero la compañía de teatro Proyecto 43-2 denunció que se trataba de un caso de «censura» a raíz de la polémica detención de los titiriteros acusados de enaltecimiento del terrorismo: «Es una decisión política del equipo de Gobierno por temor a que genere problemas similares a los ocurridos en Madrid». La representación cancelada en Cartaya ha sido programada ya en más de 23 teatros de toda España.
La mayoría de las denuncias por temas de libertad de expresión las llevan a cabo organizaciones de derechas y católicas como Manos Limpias, la Asociación de Abogados Cristianos, la Asociación Projusticia, la ya mencionada del centro de Estudios Jurídicos Tomás Moro y otras como la Asociación de Víctimas del Terrorismo o la Plataforma Hazte Oír, que sin embargo son incapaces de llevar a esos mismos tribunales a alguien como Jiménez Losantos cuando afirmó de forma vehemente: «Veo a Errejon, a la Bescansa, veo a la Rita Maestre y me sale el monte, no el agro, el monte, si llevo la lupara disparo. Menos mal que no la llevo». Esto es puro guerracivilismo, sí señor. También El partido de Ciudadanos echa una mano en el asunto de denunciar espectáculos con cuyo contenido no está de acuerdo por ser extremadamente críticos o de contenido no adecuado.
A todo ello se une el caso de los ocho sindicalistas que han sufrido dos años de incertidumbre con la duda de si se les condenaría a los ocho años y tres meses de cárcel que se pedían por formar parte de un piquete de huelga en la empresa Airbus. Otras casi trescientas personas están a la espera de juicio por razones parecidas.
Por hablar del caso que nos ocupa, el de los Titiriteros, la Audiencia Nacional ordenó arrestar a los titiriteros de la compañía Títeres desde Abajo por su obra La bruja i don Cristóbal que se inspira en el personaje de Polichinela de la Comedia del Arte, que nació en Italia en el siglo XVII, por utilizar una pancarta donde se leía “Gora ALKA-ETA. Los dos miembros de la compañía Títeres desde Abajo que representaban la obra, Alfonso Lázaro y Raúl García, fueron detenidos después de que los padres que asistieron a la función llamaran a la policía. Dignidad y Justicia y la Asociación de Víctimas del Terrorismo presentaron una querella contra ellos por enaltecimiento del terrorismo y delito contra los derechos fundamentales. La denuncia se extendía contra la alcaldesa Carmena, la concejala de Cultura Celia Mayer y el responsable de la programación artística del Carnaval madrileño, Ramón Ferrer.
Los artistas tuvieron la “suerte” de topar con un juez, Ismael Moreno (antiguo policía convertido en magistrado) quien admitió la querella de la AVT contra los dos artistas, interpretando en un auto que «cualquier» persona «verifica» que la mera exhibición del cartel Gora Alka-ETA supone «alabar o justificar» a los terroristas, sin importar que se enmarque en una obra de guiñoles. Irónicamente, la pancarta en la obra es usada por una marioneta que representa a un policía para acusar a la protagonista de terrorista y llevarla ante el juez.
Tras ser puestos a disposición judicial, los titiriteros pasaron cinco días en prisión provisional por orden del juez Moreno. Según el juez, con independencia del reproche moral, las escenas representadas en la obra de títeres encajan dentro del delito 510 del código penal. La Fiscalía ha tenido además en cuenta la última reforma del Código Penal que agravó las penas por enaltecimiento del terrorismo, que ha pasado de estar castigadas con hasta dos años de prisión a una pena máxima de cuatro años y seis meses de cárcel. En este caso, los populares también sentenciaron de forma inmediata a los imputados. El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, consideró antes de que salieran de prisión, que ambos habían cometido «un delito de apología del terrorismo».
La argumentación del juez la rechazan, por ejemplo, Jueces para la Democracia, que considera que, tras analizar la obra, se observa que no existe tal finalidad en la escena. La ley (Mordaza) ha sido redactada de forma ambigua, lo que da un amplio margen a policías, fiscales y jueces para que lo interpreten según su criterio personal.
En el blog creado por los artistas para explicar la función, estos cuentan que la obra se inspira en los personajes clásicos del teatro de marionetas, Polichinela, su cachiporra y la bruja, y que quiere denunciar la pervivencia de las cazas de brujas: “La caza de brujas fue un hecho histórico real que puso en práctica mecanismos represivos que todavía hoy se siguen utilizando contra la disidencia: la tortura y la pena de muerte, el falseamiento de pruebas, la construcción de una imagen falsa en la opinión pública que genera miedo y rechazo, la elaboración de leyes específicas, la recompensa a los delatores, etcétera”, afirman los autores, que han resumido el argumento en Facebook. Según la CNT de Andalucía esta obra quiere denunciar “los montajes policiales contra el movimiento libertario”, como el de la Operación Pandora.
Entre los argumentos de la defensa para recurrir la prisión preventiva se especifica que Alfonso Lázaro, el titiritero más joven, sufre “un grado de discapacidad global del 74% y un grado de minusvalía del 75%”, certificado por la Consejería de Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía, por lo que no existiría riesgo de fuga. Sus problemas físicos incluyen una “importante escoliosis”, problemas respiratorios por tener un pulmón más pequeño que el otro, movilidad reducida en los brazos y, en ocasiones de estrés o exposición al calor o al frío, sufre hemorragias.
Mucha gente ha apoyado en la calle y en las redes a los titiriteros, que fueron obligados a comparecer a diario ante los juzgados más cercanos por “peligro de fuga”, algo a lo que no han obligado a ninguno de los próceres que están siendo actualmente juzgados por graves delitos fiscales o malversación de fondos públicos por millones de euros.
Los agentes que guardan las puertas de la Audiencia Nacional han visto en los últimos meses cómo concejales, tuiteros, humoristas y cantantes las atravesaban. Todos ellos, acusados de delito terrorista: humillación a las víctimas o enaltecimiento
Ahora, el caso de los dos titiriteros ha puesto sobre la mesa la pregunta de si la actual redacción del Código Penal permite abusar de este tipo de imputaciones y sobre si se plantean con una segunda intención, más allá de la judicial. «En los tiempos más duros de la democracia llegaban a los tribunales dos o tres casos al año de enaltecimiento del terrorismo. Ahora, más de 30. «No parece razonable que se reserve la Audiencia Nacional para este tipo de delitos afirman algunos juristas críticos con la marcha del caso. Da una dimensión desproporcionada a una actuación que no tiene nada que ver con el terrorismo. Se podrían abordar en los juzgados ordinarios», apuntan y añaden que este factor permite “la instrumentalización política» de los casos.
En 2008, el relator de la ONU para la protección de los Derechos Humanos ya alertaba de los peligros que una «ambigua» normativa podía conllevar: «Supone el riesgo de que, poco a poco, se vaya ampliando la noción de terrorismo a actos que no lo constituyen. Y cuando se empieza a caer por esa pendiente se corre el riesgo de conculcar muchos derechos».
El catedrático de ciencia política y de la administración de la UAB, Quim Brugué dijo en una mesa redonda sobre la Ley Mordaza que “la Ley y los casos comentados forman parte de unas decisiones de fondo que utilizan el miedo para controlar las reacciones y movilizaciones sociales provocadas por las políticas neoliberales de salida de la crisis”. Estas decisiones son de ámbito europeo, como se ha visto en Francia con la suspensión de garantías constitucionales varias veces prorrogadas a raíz de los atentados de noviembre pasado en París, o en las decisiones insolidarias y que atentan contra todas las libertades, de países como Dinamarca, Austria o Hungría para controlar y evitar la llegada de refugiados a sus respectivos países. El catedrático afirmó también que “no hace falta escoger entre libertad y seguridad ya que la mejor manera para superar una supuesta falta de seguridad es llevar a cabo políticas de cohesión social que acaben con las desigualdades”.Esta es la misión de la izquierda europea, hacer frente a los miedos que los poderosos están inoculando en la sociedad con políticas radicales que devuelvan la dignidad a las clases populares. Hablar de simples reformas del sistema o discutir sobre las esencias patrias es marear la perdiz.
El camino iniciado por el PSOE estableciendo una especie de engendro siamés con Ciutadans no va en esa dirección. De ese Alien que le está creciendo a lo que queda del socialismo español no podemos esperar nada bueno, cuando los retos que nos quedan por delante, el Tratado Trasatlántico entre otros, van a requerir verdaderas ganas de cambiar las cosas ante el control económico absoluto de una minúscula (en número) minoría privilegiada y una mayoría que va a tener que hacer algo ante su situación precaria y la desaparición cada vez más clara de derechos ciudadanos y libertades. Ciudadanos está claramente al servicio de esa minoría que aspira a una dictadura en la que la política acabe por no tener ninguna capacidad de control sobre los que verdaderamente mandan en este planeta, las grandes empresas que son, en última instancia las verdaderas beneficiarias de la desposesión de nuestras libertades con que las leyes de nuestros políticos les rinden rastrera pleitesía.
