 Por E.T. Queridos lectores continuamos en esta tercera entrega desgranando esta singular estafa que denuncia con pelos y señales el ingeniero industrial Antonio Moreno Alfaro y a quien las turbios intereses de las eléctricas han querido poner contra las cuerdas. |
IMPLICADOS: LAS PRUEBAS (II)
3.- Cuatro preguntas…
Las cuatro preguntas clave para confirmar la existencia de la trama mafiosa son las siguientes:
Primera: ¿Facilitaron en 1984 los fabricantes de contadores de la luz datos falsos al Ministerio de Industria con objeto de que los precios de alquiler publicados el 20.12.1984 en el Boletín Oficial del Estado fueran muy superiores a los que habrían resultado si los datos hubieran sido los reales?
Segunda: : ¿Imponen los fabricantes de contadores de la luz restricciones horizontales y verticales [1] con el triple fin de repartirse el mercado, vender a unos precios superiores a los que resultarían de la libre competencia y hacer antieconómica la compra de dichos contadores, para obligar a los consumidores a alquilarlos a las compañías eléctricas, con las cuales los citados fabricantes tienen importantes relaciones comerciales y administrativas [2]?
[1] Restricciones horizontales son las que, de forma consensuada, se aplican entre sí los propios fabricantes, y restricciones verticales, las impuestas por los fabricantes a sus distribuidores, que son los encargados de vender el contador a los usuarios que prefieren la opción de compra a la de alquiler (la venta a las compañías eléctricas la hacen exclusivamente los fabricantes).
[2] Algunas de dichas relaciones están detalladas en el punto 7.2.- El mercado español de contadores de la luz
Tercera: ¿Impide el Gobierno que se establezca el control metrológico que obligue a las compañías eléctricas a hacer frente a la “adecuada renovación y actualización” de sus parques de contadores electromecánicos en alquiler, un servicio, repito, por el que las citadas compañías llevan cobrados desde 1984 más 8.400 millones de euros, que se incrementan cada día en 600.000 euros?
Cuarta: ¿Utiliza desde 1984 el Gobierno el Boletín Oficial del Estado para cometer una estafa en los precios de alquiler de los contadores de la luz, que genera actualmente 350.000 euros diarios y supera ya los 4.200 millones de euros?
4.- …una respuesta…
Si la respuesta a las cuatro preguntas planteadas en el punto 3 es NO,
– soy un individuo “patológicamente desequilibrado”, “resentido contra la sociedad y todo lo que representan las empresas multinacionales y el sistema económico capitalista en que se desenvuelve nuestra economía, contra las que parece haber emprendido, desde hace tiempo, una cruzada particular”,“todo lo cual demuestra cuál es la verdadera catadura moral y el perfil psicológico del individuo en cuestión y desvirtúan la totalidad de sus acusaciones”, como afirma la multinacional suiza Landis & Gyr, autora de la denuncia falsa en la que se basó el magistrado Mariano Toscano Sánchez, titular de Juzgado de lo Social nº 7 de Sevilla, para considerar procedente mi despido.
– soy un individuo que “no tiene respeto por las administraciones, las empresas ni los partidos políticos”, como, según la agencia de noticias Europa Press, afirman “fuentes de Endesa”.
– soy un individuo “malicioso, temerario, de acreditada mala fe, contumaz, artero, falso, de bajeza moral, de personalidad obsesiva”, que “denuncia unos hechos por venganza de un despido” y “presenta como pruebas cintas magnéticas, de sólo audio, limpiamente manipuladas, no ya ilícitas, sino perversas, obtenidas con maquinación maliciosa, mediante iniquidades morales”, como afirma la Abogacía del Estado.
– Soy un individuo “temerario y de mala fe”, como afirman los abogados Miriam Sacristán Bravo de Medina, Alfonso Trallero Masó, del bufete Miguel Bajo, y Juan Casanueva Pérez Llantada, del bufete Ramón Hermosilla.
– Soy un individuo que “parece creerse titular de una patente de corso que le autoriza a arremeter de forma absolutamente injuriosa y calumniosa contra personas, autoridades administrativas y judiciales”, que, “sin duda alguna, merece una definitiva censura jurídica por la interposición de una querella sin fundamento fáctico ni jurídico” y que “incurre plenamente en una manifiesta temeridad y desprecio por nuestras instituciones democráticas, por lo que esta parte considera basada en derecho su condena a costas”, como afirma el abogado Agustín Bou Maqueda.
– Soy un individuo que ha presentado “una denuncia manifiestamente falsa (…), pues los hechos denunciados no gozan de una mínima apariencia de verosímiles, al no existir una mínima base de acreditación”, como afirma el magistrado Carlos Dívar Blanco, entonces titular del Juzgado Central de Instrucción nº 4; después, presidente de la Audiencia Nacional, y, actualmente, presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo.
– Soy un individuo “manifiestamente temerario”, que “mantiene una querella instrumental sin fundamento fáctico ni jurídico, persistiendo en que prosiga un procedimiento penal cuando no existen razones para ello, ya que se han practicado las diligencias [3] esenciales encaminadas a determinar la naturaleza y circunstancias de los hechos enjuiciados y de ellas no se desprenden elementos indiciarios como para poder acordar la continuación del presente procedimiento, ni se considera necesaria la realización de nuevas diligencias distintas a las ya practicadas para llegar a la conclusión recurrida» ; un individuo que “ha procedido de forma totalmente injustificada, en forma casi injuriosa o calumniosa, contra personas, autoridades judiciales y administrativas” y que “desprecia a nuestras instituciones democráticas, a las que trata de desacreditar sin fundamento alguno”, como afirman los magistradosFernando Bermúdez de la Fuente, Félix Alfonso Guevara Marcos y Carlos Ollero Butler, de la Sala 4ª de lo Penal de la Audiencia Nacional [4].
[3] La única diligencia practicada por la Audiencia Nacional en los 18.6 meses transcurridos entre la orden de apertura del procedimiento penal y el auto de archivo fue la toma de declaración a los imputados.
[4] Además de confirmar el archivo del procedimiento penal, los magistrados Fernando Bermúdez de la Fuente, Félix Alfonso Guevara Marcos y Carlos Ollero Butler, me impusieron las costas, “como censura jurídica al mantenimiento de una querella instrumental sin fundamento fáctico ni jurídico cuando no existen razones para ello al no quedar probados indiciariamente la realización de ninguno de los delitos atribuidos en la querella a los querellados y con manifiesta temeridad y desprecio por nuestras instituciones democráticas”.
Las costas fueron valoradas en 372.435,40 euros por Miguel Bajo Fernández, fundador delbufete Miguel Bajo y abogado de Unesa, patronal de las grandes compañías eléctricas.
Pero si la respuesta a las cuatro preguntas del punto 3 es SÍ,
– El Gobierno (es decir, el PSOE y el PP), las compañías eléctricas y los fabricantes de contadores de la luz son eslabones, es decir, famiglias, de una organización mafiosa, la denominada mafia del kilowatio.
– El Gobierno utiliza la Administración del Estado para impedir la investigación de los delitos cometidos por la mafia del kilowatio.
– La Administración del Estado (especialmente, la Administración de Justicia) obedece las órdenes del Gobierno de impedir la investigación de los delitos cometidos por la mafia del kilowatio y represaliar a quien insiste en denunciarlos.
– La Abogacía del Estado y los abogados antes citados están al servicio de la mafia del kilowatio, encubriendo los delitos cometidos por ésta y acusando a quien los denuncia, lo cual confirmaría que los capos de las tres citadas famiglias (Gobierno, compañías eléctricas y fabricantes de contadores) tienen el mismo criterio que Michael Corleone en su última etapa: «Ya no necesito matones, necesito abogados».
Continuará: Capítulo IV: IMPLICADOS: LAS PRUEBAS (III)
